Los Estados miembros podrán escoger cumplir el objetivo de recoger hasta el 45% de los equipos electrónicos y eléctricos desechados vendidos en sus territorios a partir del 2016, que se elevará hasta el 65% en 2019, o bien recoger el 85% de todos los residuos electrónicos y eléctricos generados en virtud de la directiva pactada por los Veintisiete y que está en vigor desde el lunes. Hasta el momento, la normativa obligaba a recoger cuatro kilogramos de residuos por habitante.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha apuntado que los Estados miembros deberán a partir de ahora "abrir nuevos canales de recogida de los residuos electrónicos y mejorar la eficacia de los ya existentes" y les ha instado a incluso adelantarse a los plazos oficiales.

Desde el Ejecutivo comunitario se recalcan las oportunidades que estos residuos ofrecen para comercializar materias primas secundarias, si bien admite que para ello los Estados miembros deben garantizar "la recogida sistemática y el tratamiento adecuado" para reciclar materias primas como el oro, la plata, el cobre y metales raros contenidos en televisores, ordenadores y teléfonos móviles, entre otros. Todas las categorías de aparatos y equipos quedarán cubiertos por la directiva a partir de 2018.

Actualmente, en la UE apenas se recogen y reciclan correctamente dos millones de toneladas anuales, frente a los 10 millones que se generan, una cifra que se incrementará, según Bruselas, hasta los 12 millones de toneladas en 2020. Los nuevos objetivos permitirán recoger unos 10 millones de toneladas al año en toda la UE, es decir, unos 20 kilogramos de residuos electrónicos y eléctricos por habitante.

Los Estados miembros tienen de plazo máximo hasta el próximo 14 de febrero de 2014 para trasponer y ajustar sus legislaciones nacionales a las nuevas normas. Será entonces cuando los ciudadanos podrán devolver sus residuos electrónicos de pequeño tamaño a los grandes establecimientos minoristas, salvo que existan sistemas alternativos igual de eficaces.

Una vez transpuestas las nuevas normas en los Estados miembros, la carga de la prueba en el caso de las exportaciones de aparatos usados de los que se sospeche que se trata de envíos ilegales de residuos se invertirá, de manera que sean los exportadores los que deban probar si los equipos usados funcionan o no y presentar documentación sobre envíos para impedir la exportación ilegal de residuos. El objetivo es evitar el fraude de la exportación de equipos de segunda mano que son en realidad residuos, un problema "grave" en la UE según Bruselas.

Además, la normativa también contempla una reducción de las cargas administrativas al armonizar en mayor medida en toda la UE los requisitos de registro y notificación de residuos en términos de frecuencia y formato del registro y notificación.

Los países miembros podrán contemplar una excepción en el cumplimiento de los nuevos objetivos de recogida y reciclaje por un determinado tiempo siempre y cuando justifiquen que ello obedece a "la falta de las infraestructuras necesarias" para ello o aleguen "un bajo nivel de consumo de aparatos electrónicos".

La Directiva RAEE existente (Directiva 2002/96/CE) está en vigor desde febrero de 2003. En ella se prevé la creación de sistemas de recogida por los que los consumidores pueden devolver sus residuos eléctricos y electrónicos usados de forma gratuita. El objetivo es prevenir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente derivados de las sustancias peligrosas que contienen los RAEE y potenciar el reciclado o la reutilización de los productos y materiales. En diciembre de 2008, la Comisión propuso una refundición de la Directiva RAEE, la cual han modificado y adoptado ahora el Parlamento y el Consejo.