El ámbito relativo a la información no financiera o en materia de sostenibilidad, ha experimentado un interés e incremento exponencial. Erróneamente a lo que se pueda pensar, o de quien se lo quiera apropiar, no es un tema de perfil ecologista, ni del ámbito de la discusión ideológica, es algo consustancial a la economía, a las empresas, entidades e instituciones y a la propia sociedad civil, sin más. El revulsivo final que dio lugar a seguir trabajando con más intensidad en esta línea fue el denominado "Pacto Verde" o "Green Deal" que desde la Comisión Europea se anunció en 2019. Por tanto, la información que deben elaborar y publicar las corporaciones, las empresas, las entidades (obligadas o voluntarias), no sólo se restringe a la información financiera tradicional, incluida en sus estados financieros, sino que también incluye la información no financiera o de sostenibilidad.

Ello hace que debamos pensar como adoptar prácticas de gestión sostenible, dentro de las denominadas ESG (medioambiente, social y gobernanza), mejorar así nuestro desempeño en sostenibilidad y, posteriormente, divulgarlo adecuadamente siguiendo unos patrones o normas comunes. En eso es en lo que estamos. Se puede protestar o no frente a ello, es cuestión de opiniones y prioridades, pero siendo una decisión tomada, mejor que sea bajo patrones comunes y comparables. Sin duda, todos, pero especialmente los economistas tenemos un papel crucial que desempeñar en el apoyo a la búsqueda de la sostenibilidad y por una economía sostenible en la UE. Esto presenta un doble desafío, una oportunidad y una responsabilidad ciertamente significativos.

En este ámbito dos nuevos hechos han sido claves recientemente, que demuestran el impulso y el liderazgo decidido de la UE: por un lado, la aprobación en diciembre de 2022 de la denominada coloquialmente Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) y, por otro, la elaboración del primer grupo de normas europeas de información corporativa en materia de sostenibilidad (ESRS, de sus siglas en inglés, European Sustainability Reporting Standards) que recientemente, 31 de julio, han sido adoptadas como un acto delegado por la Comisión Europea y se está a la espera de la aprobación definitiva del mismo por el parlamento y Consejo Europeo. Estas normas están ya disponibles en 23 idiomas oficiales, y como decimos no entrarán en vigor hasta que el acto delegado haya seguido los procedimientos habituales del Parlamento Europeo y el Consejo y sea publicado en el Diario Oficial de la UE, que como muy tarde deberá ser antes de finales de diciembre próximo para su aplicación a partir del 1 de enero de 2024.