España tendrá pabellón propio en la COP27 del próximo mes de noviembre
A tan solo un mes para que dé comienzo la Cumbre del Clima (COP27), que se celebrará en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, el evento se presenta marcado por el conflicto de Ucrania, que ha alterado los mercados energéticos globales y las relaciones entre países. España calienta motores para su participación también bajo el fantasma de la crisis energética y la necesidad de mantener sus compromisos, así como de avanzar en cuatro áreas clave de la acción climática: adaptación, mitigación, finanzas y daños.
En ese sentido, España contará con un pabellón propio en la cumbre, según ha dado a conocer la directora general de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio español para la Transición Ecológica, Valvanera Ulargui. Hasta la fecha, España sólo ha contado con pabellón propio en la COP25 de 2019, en la que ejerció de país anfitrión tras la renuncia de Chile a organizarla por su situación interna.
«España llevará un pabellón para que podamos no solamente contar lo que estamos haciendo y compartir buenas prácticas con el resto de la comunidad internacional, sino para que intentemos conectar esas nuevas formas de cooperación que son necesarias», ha avanzado Ulargui durante su intervención en una jornada organizada por Enerclub. En su opinión, España puede jugar un rol importante en la definición de esas nuevas formas de cooperación, pues las relaciones que mantiene tanto con Latinoamérica como con el Norte de África «nos ayudan a posicionarnos con muy buenos ejemplos».
Otra de las «noticias importantes» durante la COP27 será «cómo el sector público y privado español están facilitando esas nuevas relaciones y las nuevas tecnologías que se van a necesitar en los próximos años» para alcanzar los objetivos de descarbonización, ha añadido Ulargui. En su opinión, la crisis geopolítica mundial y las desigualdades entre países ponen de relieve que el actual sistema de multilateralidad no da los frutos deseados y que hay que buscar nuevas formas de relacionarse para buscar soluciones solventes para todos, tanto para países desarrollados como para aquellos en vías de desarrollo.
Para la celebración de la COP27, aún persisten importantes lagunas por resolver tanto en la agenda concreta del evento como en la organización práctica del mismo, que discurrirá además bajo el temor de que la crisis global opaque o condicione su desarrollo. No existe aún una agenda oficial y pública de la reunión, que prevé convocar a más de 30.000 personas en la aislada ciudad balneario de Sharm El Sheik, ubicada en el extremo sur del desierto del Sinaí y que en la práctica solo es accesible por vía aérea, ni de momento se ha difundido quienes asistirán a este evento que discurrirá entre el 6 y el 18 de noviembre.
Diversas organizaciones no gubernamentales como Humans Rights Watch han denunciado además trabas de las autoridades egipcias para acreditar activistas críticos con el gobierno de Abelfatah Al Sisi, y han puesto en entredicho el anuncio oficial de que se permitirán manifestaciones de protesta en torno a la COP27, pese a que Egipto cuenta con un déficit notable en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
Egipto anunció que permitirá manifestaciones en Sharm El Sheij, pero en una zona acotada y bajo la vigilancia de las fuerzas del orden, y en un contexto en el que aparentemente sólo podrán llegar a la ciudad personas previamente acreditadas y con alojamiento, que está siendo otro de los problemas. Varias delegaciones internacionales, como comentaron a Efe diplomáticos de varios países europeos y latinoamericanos, están enfrentando problemas para reservar hoteles en una ciudad que cuenta con decenas de miles de plazas hoteleras o bien encuentran precios desorbitados superiores a los 1.000 dólares por persona y noche de hotel.
En cuanto al contenido de los debates y los objetivos políticos de la reunión, los organizadores apuntan a lograr avances para la financiación de los proyectos para mitigar el cambio climático y las indemnizaciones por los daños causados por la emergencia climática a los países pobres que apenas han contribuido al calentamiento global.
Ese aspecto también ha sido reforzado por la propia ONU, cuyo secretario general, António Guterres, aseguró esta misma semana que la COP27 debe traducirse en acuerdos sobre el tema de «las pérdidas y daños», como se denomina a este problema de las indemnizaciones en la jerga de las cumbres climáticas. La comunidad internacional lleva años discutiendo sobre este tema, con propuestas como crear fondos de compensación para los países más golpeados, pero hasta ahora no se han logrado acuerdos. Guterres también insistió en que Naciones Unidas espera sacar de Sharm El Seij «mayor claridad» sobre el compromiso de los países desarrollados para destinar 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a los países menos ricos para que puedan adaptarse al cambio climático.
Los organizadores también han dejado patente su preocupación sobre la crisis económica y política global, con la guerra de Ucrania y sus efectos en la energía y la alimentación, centrales para la COP27, y la posibilidad de que su desarrollo afecte a la reunión y sus resultados políticos. El representante especial de la presidencia de la COP27, Wael Abulmagd, expresó su preocupación ante el escenario de confrontación entre bloques y la «animosidad que generará entre los asistentes», y advirtió de la posibilidad de que esa tensión se utilice «como pretexto para no cumplir las promesas» de financiación.
[Esta noticia fue publicada originalmente en El Ágora. Lee el original aquí]