España generó aproximadamente 22 millones de toneladas de residuos en 2020, según estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). Y cerca de la mitad terminó en un vertedero; un escenario que plantea un riesgo significativo para el medio ambiente y la sostenibilidad. Además, existe el compromiso europeo de reducir esa cantidad al 10% del total generado para el año 2030.

Sin embargo, el sector de la gestión de residuos en España ya está avanzando para contribuir a los objetivos de la economía circular, de la mano de empresas que están apostando por la innovación tecnológica y estratégica. Como afirma Marta Contreras Hernández, directora de ESG assurance & circular economy en KPMG, se han llevado a cabo importantes inversiones “que han conseguido elevar la tasa de reciclaje tanto en sistemas de recogida selectiva como en los procesos de selección y tratamiento. Sin olvidar las colaboraciones público-privadas”.

Para conocer con más detalle estas innovaciones basta con hablar con algunos de los principales actores del sector. Como Jordi Payet, director general de FCC Medio Ambiente, quien destaca los avances de la firma en campos como “la optimización del uso de plásticos, el aprovechamiento de la energía contenida en los residuos y el desarrollo de vehículos de servicio con energías limpias; con el compromiso de invertir en I+D+i un 1% de nuestra cifra de negocio, que el año pasado supuso 4,2 millones de euros”. O Javier San Millán, director general de Valoriza (Sacyr), cuya principal apuesta consiste en “la generación de aceite pirolítico, un combustible de origen renovable; además de la utilización de residuos reciclados para el asfaltado, como neumáticos o alpechín, un producto 100% biológico”.

Otro ejemplo a destacar es el de PreZero, que en 2018 puso en marcha en una planta de Barcelona el primer robot del mundo con inteligencia artificial (IA) para la selección de residuos municipales, destaca Mónica Ramos, su directora de operaciones e ingeniería para España. “Ambas tecnologías (IA y robótica) también se han aplicado desde entonces en otros campos, como la selección de medicamentos usados y residuos hospitalarios, pero también en vehículos de recogida”, añade Ramos.

La cuadratura de este círculo de excelencia la cierra Carlos Albi, director general de desarrollo corporativo, estrategia y sostenibilidad de Urbaser, quien hace énfasis en diferentes ámbitos de la estrategia de economía circular de la compañía, “incluyendo desde el compost y el material bioestabilizado de las aguas residuales hasta la producción de biogás. O el uso de tecnologías de última generación en la solución SENSIoT-Platform, un proyecto especialmente innovador que utiliza el internet de las cosas para reducir los impactos ambientales”.

En opinión de Contreras, gracias a iniciativas como las anteriormente mencionadas, “los grandes operadores españoles no solo se encuentran al mismo nivel que sus homólogos europeos, sino que lideran algunas tendencias en el sector. Especialmente, en lo que respecta a los avances tecnológicos, pero destacando además en el uso de información y datos para mejorar la calidad del servicio y optimizar la recogida de residuos”.

Un ejemplo de esto son algunos de los proyectos de PreZero en nuestro país, como la cuarta mayor planta de tratamiento de biogás de Europa, en Valdemingómez (Madrid); el mayor proyecto de inyección de biometano en España, o una de las instalaciones de tratamiento de plástico PET con mayor capacidad instalada en el continente, que gestiona más de 45.000 toneladas de este material al año.

De hecho, esta tendencia no solo se limita al ámbito europeo, señala Jordi Payet al destacar que “FCC Medio Ambiente ha sido pionera en EE UU en la implementación de tecnologías ecológicas en la gestión de residuos. Como el uso de vehículos con motores GNC o de sistemas ópticos y de IA en plantas de clasificación”. Un caso semejante al de Urbaser, con presencia en 15 países de cuatro continentes, y que hace apenas unas semanas recibió el Premio Nacional de Innovación 2023 gracias, sobre todo, a una inversión media anual de más de 10 millones de euros en I+D+i.

Ahora bien, las empresas de gestión de residuos se encuentran con la oportunidad de poder desarrollar tecnologías que permiten la eficiencia en el reciclaje, así como un marco normativo y un mercado favorables. Pero no deben perder de vista desafíos como “la incertidumbre regulatoria europea, la necesidad de certificar y asegurar la trazabilidad, el impulso a la reducción de los costes operativos asociados al reciclaje o el objetivo de minimizar la valoración energética”, advierte Pilar Daranas, sénior mánager de sostenibilidad y cambio climático en la consultora KPMG.

En este sentido, y a tenor del compromiso de la Unión Europea de reducir el desperdicio de alimentos y aumentar los niveles de reciclaje, enfatiza que la responsabilidad de lograrlos “no es exclusiva de los gestores de residuos, sino que recae en toda la cadena de valor del producto, de ahí la necesidad de potenciar la colaboración público-privada”. Algo en lo que el soporte financiero de los Fondos Next Generation es fundamental, tal y como coinciden Payet y Ramos.

Aunque las compañías españolas ya están tomando cartas en el asunto, como es el caso del proyecto Cents4Pack de Valoriza, que hace uso de IA para reconocer si un individuo está reciclando correctamente. O las 10.000 toneladas de aluminio que se recuperan cada año en plantas de tratamiento de PreZero en España, gracias a soluciones basadas en procesos circulares para envases de la industria alimentaria.

Sin embargo, queda camino por hacer. Para Julián Núñez, presidente de la patronal SEOPAN, el mayor desafío en la gestión de residuos en España es la ausencia de inversión pública en infraestructuras: “Cuantificamos en más de 6.500 millones de euros el déficit acumulado en la última década. De ahí que nuestro porcentaje de residuos depositados en vertedero, del 60%, doble el de los países más avanzados. Y también el triste récord de sanciones que hemos recibido por los vertederos ilegales y el incumplimiento de la normativa nacional y europea”, concluye. 

[Este contenido ha sido reelaborado a partir de El País. Lee el original aquí]