La oficina judicial ha podido demostrar que durante tres años la trama compraba biocombustibles de peor calidad y los transportaba a E-Biofuels, uno de los mayores fabricantes de combustible ecológico del medio oeste americano, donde se envasaban y etiquetaban como combustible premium. Aparte del evidente engaño a los consumidores, la empresa habría ingresado de forma fraudulenta decenas de millones de dólares en concepto de incentivos fiscales por la producción de combustibles a partir de fuentes renovables como grasas animales o aceites vegetales usados.

Seis personas han sido imputadas hasta el momento, entre ellas los hermanos Craig, Chad and Chris Ducey directivos de E-Biofuels, y los directivos de las empresas de New Jersey Caravan Trading y CIMA Green, Joseph Furando y Evelyn Pattison. La corte considera demostrado que Furando y Pattison actuaban como distribuidores del biocombustible, conociendo en todo momento su procedencia fraudulenta. 

Jeffrey Wilson, presidente de Imperial Petroleum, ha sido nombrado también en la causa. Su empresa compró E-Biofuels en julio de 2010. Wilson, conocedor del fraude, habría escondido esta situación a sus propios inversores y a los auditores externos.

El biocombustible se habría vendido mayoritariamente en los estados del medio oeste. A pesar de que la calidad es inferior a la etiquetada, no constituye ninguna amenaza para los vehículos que hayan consumido este tipo de carburante.