Con la puesta en marcha del incremento que establece la Lei de Orzamentos, la tasa que la sociedad ambiental cobra a los 296 ayuntamientos adheridos por recoger y tratar sus residuos subirá en el próximo recibo de los 61,5 euros por tonelada aplicados en el último a 82,1. El Ejecutivo de Feijoo, que ya confirmó hace un año que la supresión de primas a las renovables que impone el nuevo marco energético revertiría en un incremento del canon, sostiene que esta decisión es indispensable para evitar la quiebra de Sogama.

La sociedad obtiene el 50 % de su facturación de la venta de la electricidad que genera en el complejo de Cerceda a través de la incineración de la basura, mientras que el 50% restante lo ingresa de la tasa que recauda entre los ayuntamientos. Por eso, ante el pinchazo del negocio eléctrico por la reforma del sector, Sogama solo puede recurrir al canon para equilibrar su balance. La Xunta estimó en principio que la subida rondaría el 26 %, pero finalmente la elevó hasta un 34% de acuerdo con el plan de viabilidad contratado para la sociedad ambiental.

Confirmado el tasazo, las tensiones con los alcaldes afloraron en el otoño pasado. Pese a que Medio Ambiente y la Fegamp hilvanaron un pacto para retrasar la subida a julio, con el beneplácito de los vicepresidentes que representan a PSdeG y BNG en ese órgano, las direcciones socialista y nacionalista tumbaron el acuerdo. La Xunta esgrime ahora aquel bloqueo para negar a los críticos reuniones «de postureo». No está dispuesta a asumir el reparto de cargas que piden los 97 alcaldes.

Esta batalla política desatada en torno al canon de la basura es mayor que una repercusión sobre las familias que dependerá de la capacidad financiera de los concellos para asumir la subida sin trasladarla al recibo doméstico. La intención de la mayoría es amortiguar un efecto que a lo sumo supondrá unos 12 euros por vivienda y año, pero que conllevará un nuevo golpe para las apuradas arcas locales. El sobrecoste rondará los 10.000 euros anuales en concellos pequeños, pero se disparará en los más poblados. Entre los que gobierna el BNG, Allariz calcula que supondrá 55.000 euros al año; Monforte, 144.000; Poio, 150.000; Carballo, 200.000; y Pontevedra, 651.000 euros.

Con este panorama, la plataforma de municipios que no gobierna el PP toma posiciones para el boicot. Que incluye una concentración ante el Parlamento el 11 de marzo. Allí se decidirá la fecha de otra movilización similar ante las dependencias de la Xunta en San Caetano, donde los ediles intentarán encerrarse. También ultiman recursos judiciales y amenazan con la insumisión en el pago de la subida, esos 20,6 euros adicionales por tonelada. El alcalde de Monforte, Severino Rodríguez (BNG), insiste en apelar al diálogo, al tiempo que advierte de que el impago será «masivo» entre esos 97 concellos. La Xunta amaga con su potestad legal para retener la deuda de los concellos que no paguen con cargo a las ayudas del Fondo de Cooperación Local.