Así lo ha explicado la pasada semana el presidente del Consorcio, el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa Juan Carlos Alduntzin (Bildu), junto con los presidentes de las mancomunidades de cuatro mancomunidades guipuzcoanas.

Alduntzin ha resaltado que los entes locales son los competentes en la gestión de los residuos, a través de las mancomunidades, por lo que ha exigido respeto a la "legitimidad democrática" de sus decisiones. Además, se ha reafirmado en que Gipuzkoa "ha cambiado" y ya ha decidido su modelo de tratamiento de la basura, que consiste en la política de "cero residuos", puesto que es desorbitado que cada habitante genere 340 kilos al año de basura que acaba en vertedero.

El presidente del Consorcio ha restado importancia al anuncio de Bizkaia de que no prorrogará el acuerdo para recibir 25.000 toneladas de residuos procedentes de Gipuzkoa y ha explicado que en 2011 fueron 18.000 las toneladas que se derivaron a Bizkaia, lo que supone el 8% de los residuos del territorio.

Ha indicado que, gracias a las políticas de gestión de residuos que se están implantando en los pueblos de Gipuzkoa, en alusión al "puerta a puerta", el territorio podrá reducir un 5% en breve plazo la cantidad de residuos que se destinan a vertederos. De este modo, estima que tras la negativa de la provincia vecina, el Consorcio de Guipuzkoa tendrá que gestionar un 3% más de basuras, lo que podrá hacerse en los actuales vertederos del territorio.

En año y medio, según Alduntzin, las políticas de gestión de residuos permitirán reducir "en mucho más que ese 8%" la cantidad de basura que se deposita en vertederos y que, a pesar de no haber documentos con fechas fijas de cierre, se pretende clausurar todas las instalaciones de este tipo.

Alduntzin ha desmentido que el Consorcio pretenda enviar basura a Castilla y León, tal y como aseguró ayer el PSE-EE, sino que ha explicado que se adjudicó a una empresa de esa comunidad un contrato para tratar específicamente un producto resultante de la planta de compostaje de Lapatx.