El borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos deja abiertas las opciones respecto a la polémica gestión del combustible gastado, aunque señala que los Almacenes Temporales Centralizados (ATC) son de momento “la mejor solución desde el punto de vista ambiental y económico”. Así se ha puesto de manifiesto en un encuentro informativo titulado “El futuro de la energía, economía verde, transición y movilidad”, organizado por el Foro de la Nueva Economía, en el que ha intervenido el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), José Luis Navarro.

En el acto se han expuesto las novedades de la séptima versión del Plan General de Residuos Radiactivos, que entre otras cosas aborda la etapa intermedia de la gestión del combustible gastado, “una cuestión que suscita gran interés mediático”, ha señalado Navarro. “El almacenamiento geológico profundo (AGP)” de los residuos radiactivos es la solución que la comunidad internacional considera más adecuada, un sistema que “marca el camino” pero que “aún no puede ser una realidad en España”. Mientras tanto, “hay que decidir qué hacer con el combustible gastado a medida que las centrales cierran” y , para ello, “el plan contempla los Almacenes Temporales Centralizados (ATC)”, es decir, “lugares en los que dejar el combustible de todas las centrales durante décadas”, hasta que sean sepultados definitivamente en un AGP.

“El séptimo Plan General de Residuos Radiactivos valora este sistema (ATC) como la mejor solución desde el punto de vista ambiental y económico”, unos depósitos que, “preferiblemente”, tendrían que levantarse “en un entorno que ya sea nuclear”. Sin embargo, Navarro ha subrayado que “un ATC no se puede hacer contra el territorio en el que se quiere construir”, ya que “es una decisión que requiere un grado mínimo de consenso político y social”, algo que hasta la fecha “no ha sido posible”. “Hay municipios candidatos y voluntad si hay consenso”, pero aún queda un “eslabón intermedio, que son las comunidades autónomas”, administraciones “imprescindibles en un acuerdo como este”.

El presidente de ENRESA ha hecho hincapié en que la cuestión de los residuos radiactivos “es un asunto de Estado que tiene que tener una solución de Estado”. Sin esa “visión de Estado”, la otra opción pasa por “mantener los residuos en almacenes individuales en los cinco emplazamientos donde están instalados los siete reactores que operan ahora mismo en España”. Otra de las novedades del séptimo plan es «el calendario de cierre” que, a diferencia de los 40 años previstos en el sexto plan (2006), el nuevo documento “otorga una vida media de 45,7 años a los siete reactores ahora mismo operativos en España”.

Según Navarro, “este calendario se está cumpliendo escrupulosamente”, ya que desde la presentación del primer borrador de esta versión del plan, “seis de los siete reactores han tenido que solicitar la renovación por el período recogido en el protocolo”. El presidente de ENRESA ha explicado que la empresa que preside “tiene un desempeño público esencial” ya que sus actividades están basadas en el “principio medioambiental de quien contamina, paga”.

En el encuentro también ha participado la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, que ha subrayado que las negociaciones entre ENRESA y las empresas eléctricas propietarias han permitido actualizar el protocolo de cierre “de 2027 a 2035”, una hoja de ruta “esencial” para “actualizar la tasa que pagan las centrales por la gestión de residuos”. Sin embargo, esta prestación patrimonial que abonan los productores de residuos nucleares “no es fiscal, ya que no tiene un concepto tributario”, sino que “es un puro coste operativo de las centrales nucleares.

[Esta noticia fue publicada originalmente en EFE VERDE. Lee el original]