Los ciudadanos portuguesas deberán pagar 10 céntimos de euro extra por cada bolsa de plástico a partir del próximo 15 de febrero, en el marco de una "reforma de la fiscalidad verde" del Ejecutivo conservador luso para aumentar la recaudación.

Cuando un consumidor pase por el cajero, se le preguntará, como ya es habitual en Portugal, si necesita bolsa de plástico.

Si la respuesta es afirmativa, se le cargará, además del precio actual de este producto (unos 3 céntimos de euro), los 10 céntimos de tasa estatal, lo que dará como resultado una tarifa de 13 céntimos.

Es obligatorio que la tasa repercuta en los clientes y la medida no se limita a los supermercados, sino que también afecta a todos los sectores del comercio, incluida la restauración.

Están exentas las pequeñas bolsas sin asas, muy ligeras, habitualmente transparentes y utilizadas para la fruta y la verdura.

El Gobierno defiende que el objetivo es fomentar “un comportamiento más sostenible de los consumidores”, dijo a Efe João Silva Lopes, miembro del gabinete del Ministerio de Medio Ambiente, Ordenamiento del Territorio y Energía.

Silva Lopes admitió que los consumidores podrían ver la medida exagerada, aunque defendió que “el objetivo, con una tasa tan alta, es que los ciudadanos no tengan más remedio que cambiar de hábitos”.

La Asociación Portuguesa de la Industria de Plásticos, sin embargo, no lo ve tan positivo como el Gobierno.

Su directora, Isabela Ferreira da Costa, lamentó, en declaraciones, que se trata de una medida “de fuerte impacto para la industria y la población, que lo va a sentir mucho” y opinó que “se debería haber aplicado de una forma más progresiva”.

Además, reclamó acciones alternativas, como “la educación a la población”, en vez de lo que ella consideró una mera “medida económica (…) para que el Gobierno pueda recibir más dinero en época de crisis”.

“La población portuguesa pasa dificultades y no va a comprar bolsas a 13 céntimos, a no ser que se trate de una urgencia, y de la industria del plástico viven muchas familias a las que hay que tener en cuenta”, concluyó.

La Asociación Portuguesa de las Empresas de Distribución (APED), que engloba a las principales cadenas de supermercados que operan en el país, también es crítica con la medida y considera la tasa muy elevada en comparación con el nivel de vida en Portugal.

La secretaria general de la asociación, Ana Isabel Trigo de Morais, aseguró que “comparte el objetivo ambiental del Gobierno”, dado que “hay que tomar decisiones para reducir las bolsas de plástico, que dañan mucho al medio ambiente”.

Aun así, criticó “la forma de hacerlo”, dado que, “mezclar objetivos fiscales con objetivos ambientales no es la mejor forma de conseguir las cosas”.

Trigo de Morais aseguró que la APED “acepta la medida y ya trabaja en alternativas”, como por ejemplo, el lanzamiento de “bolsas de papel”, aunque pronosticó “un impacto negativo en los consumidores”.

La patronal de los distribuidores empezó a comercializar en 2011 unas bolsas reutilizables y “constituidas en un 99 % por botellas de plásticos recicladas”, según la directiva de la asociación, quien añade que “la APED ya hace siete años que trabaja por la preservación del medio ambiente”.

Según datos del propio Gobierno luso aportados por Silva Lopes, Portugal es uno de los países europeos donde más bolsas de plástico se utilizan.

En total son unas 466 por persona y año, “que se usan una vez y después se tiran a la basura”, ahondó este miembro del gabinete.

Añade que “el Gobierno quiere reducir ese número a 50 en 2015 y acabar estabilizando la cifra en 35 bolsas por persona y año”, es decir, unas tres al mes, lo que significaría un descenso del 92 %.

“Con esas cifras, las arcas públicas deberían recibir unos 40 millones de euros extra al final del presente año”, concluyó Silva Lopes, quien insistió en que “la medida no tiene un objetivo recaudatorio” y sigue directivas europeas.