En el día de ayer en el transcurso de su Asamblea General Extraordinaria tubo lugar la elección en la European Ferrous Recovery and Recycling Federation (EFR) de los nuevos cargos que se responsabilizarán de la dirección de la Federación Europea en los próximos años.

Ion Olaeta, Director General del Grupo Otua y Presidente de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) fue elegido vicepresidente de dicha organización.

Además de Olaeta, en el transcurso de esta Asamblea también fue elegido como presidente Jens Hempel-Hansen de la danesa H.J. Hansen Recycling Industries y el inglés Ian Hetherington de la British Metal Recycling Association (BMRA) como el otro vicepresidente. 

La elección de Olaeta para este cargo supone un reto tanto para él como para la propia FER y es al tiempo un reconocimiento de la labor llevada a cabo el los últimos años. 

La ejecutiva recién elegida tendrá que acometer retos fundamentales como la puesta en marcha de la futura Confederación Europea de las Industrias del Reciclaje que en los próximos meses, con EFR como uno de sus pilares esenciales, iniciará su andadura. Esta Confederación habrá de seguir e influir en defensa del sector reciclador en la legislación que en el marco europeo se va a desarrollar en los próximos años. Está cambiando la forma en la que se tratan los materiales y se está tomando consciencia rápidamente de la importancia estratégica de los materiales reciclados y su crucial importancia en la lucha contra el Cambio Climático. En palabras del propio Olaeta: “Hemos de trabajar conjuntamente para estar presente como sector en un momento clave como el actual de desarrollo normativo en relación con los materiales 

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) es una asociación creada en 1982 con el fin de agrupar y defender los intereses de las empresas dedicadas al reciclaje de residuos en los distintos ámbitos económicos y sociales. La FER, integrada por más de 250 socios, actúa en nombre del sector recuperador (‘lobby’) ante las Administraciones Públicas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Industria, etc.) y los sindicatos, así como ante otras asociaciones empresariales o sectoriales, ya sean autonómicas, nacionales o internacionales.