La Audiencia Nacional (AN) ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que remita el informe que aprobó en julio de 2015 para constatar si, tal y como sostienen los ecologistas, se cambiaron los criterios radiológicos y se acordó reducir casi a la mitad la cantidad de tierra contaminada con radioactividad que debe ser retirada de la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería). Así se recoge en una providencia, dictada el pasado día 22 de marzo, en el marco del procedimiento contencioso-administrativo iniciado por Ecologistas en Acción para instar a la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de Palomares acordado por el pleno CSN en mayo de 2010 y obligar a que se fije un plazo para llevar a efecto el tratamiento "de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos"

La sala acuerda admitir parcialmente la prueba documental propuesta por el colectivo conservacionista, que sostiene que el regulador atómico modificó en julio de 2015 esta cuantía de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada a retirar y la redujo a 28.000 metros cúbicos "debido a las negociaciones con EEUU", lo que, según remarca, provocaría que el "problema siguiera sin solucionarse".  En concreto, la Audiencia Nacional acuerda que se libre oficio al secretario general del CSN para que remita al órgano judicial copia certificada del informe de la Dirección Técnica de Protección Radiológica evaluando los niveles de intervención para la restauración de los terrenos afectados por el accidente de Palomares y que habría dado lugar a la citada decisión. 

En su demanda, Ecologistas en Acción sostiene que se ha producido una modificación del Plan de Rehabilitación de Palomares "a instancias del Department of Energy, DOE" de EEUU y que se "han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a", lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense. 

En su respuesta a la demanda, formulada hace unos días, la Abogacía del Estado asegura que, en "ningún momento existe exposición inaceptable para la población" y señala que el "principio básico de protección está garantizado", por lo que, según añade, "se ha cumplido toda la normativa aplicable". Sostiene, además, que "el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir" los residentes "en la zona de Palomares".

La Abogacía del Estado también ha admitido la "imposibilidad" tanto de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos contaminados como de "fijar un plazo" para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter "preliminar" y solo esboza líneas generales sin dar "pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)".