En solo una década, la zona se despidió de su biodiversidad: la contaminación del agua y de la tierra la hacen imposible. Solo sobreviven allí decenas de miles de humanos, con serios riesgos para su salud, rebuscando metales para vender por unos céntimos como materias primas. Cada día, rebuscan entre las placas base y extraen las baterías de litio a golpe de piedra, sacan el cobre de los cables quemando el revestimiento de plástico, usando como combustible llantas o la espuma aislante de los frigoríficos.

Cuando a dos organizaciones ecologistas internacionales, iPENy la Basel Action Network (BAN), se les ocurrió en 2019 analizar los huevos de las gallinas criadas en libertad en Agbogbloshie, se encontraron con que solo un huevo contiene 220 veces más dioxinas cloradas que el máximo tolerable para su ingesta diaria según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Además de altas concentraciones de hexabromocyclododecano, un letal retardante de llama que se usa como aditivo en el plástico de las carcasas de ordenadores. Y el nivel máximo de bifenilos policlorados (PCBs) que permite la UE multiplicado por 17.

Según un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health, en 2020, el 79% de las personas que habitan junto a Agbogbloshie padecen dolores fuertes que les obligan a tomar analgésicos a diario. Otras dolencias comunes son quemaduras, irritación ocular, trastornos digestivos, tos, problemas de piel, pérdida de audición, dificultades respiratorias, migrañas y nausea crónica.

A medio plazo, el contacto continuado con los compuestos venenosos que flotan en el aire e inundan el agua y la comida "está asociado a cáncer, asma, trastornos del neurodesarrollo, obesidad, disfunción tiroidea, trastornos del comportamiento, abortos espontáneos, muerte neonatal y daño en el ADN", nos dice Julius Fobil, investigador y decano de la Facultad de Biología y Medioambiente de la Universidad de Ghana, y autor del estudio.

Mientras, cada día, siguen llegando contenedores marítimos a los puertos de Tema y Acra, repletos de todo tipo de tecnología inservible procedente de los países ricos. Los envíos salen de Reino Unido, Italia, Alemania, España, Irlanda y Polonia (por orden de cantidad), según revelaba un estudio de BAN. Los investigadores colocaron dispositivos GPS en varios aparatos desechados en puntos limpios de estos países europeos, para comprobar que acababan en países como Ghana, Hong Kong, Nigeria, Pakistán, Tanzania, Tailandia y Ucrania.

El problema es que los aparatos electrónicos están fabricados con componentes altamente tóxicos, como litio, mercurio, plomo, arsénico, bario, cromo, cadmio y retardantes de llama que, cuando llegan al final de su vida útil, si no se manejan con medidas de seguridad, antes o después, son absorbidos por la tierra y las aguas subterráneas... y por las personas. Por eso su reciclado está sujeto a una meticulosa normativa en la Unión Europea, con estrictas medidas de seguridad y protección. Estrictas... y caras. Tanto que, a veces, es más rentable deshacerse de la basura electrónica que reciclarla. "No quieren hacerse cargo de los altos costes y el riesgo tóxico que implica el tratamiento de residuos electrónicos según las normas de seguridad que rigen en sus países. El coste de reciclar no compensa a cambio del precio de las materias primas que se obtienen", denuncia Anane. Una coyuntura que no podía ser más favorable para los traficantes que organizan su exportación.

"Hay gente que sistemáticamente se ocupa de estos envíos, que están relacionados con el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Es una actividad criminal con una estructura compleja detrás. Los residuos mueven un dineral, millones y millones de euros. Coges algo que no vale nada, a coste cero. Y de ahí puedes sacar un beneficio puro vendiendo el material", nos cuenta el comandante Carlos Astrain, director del Grupo de Contaminación de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). El año pasado, Astrain dirigió una operación en España, que se saldó con 18 detenidos, un millón y medio de euros incautado y 10.000 toneladas de residuos electrónicos listos para embarcar desde el puerto de Vitoria, hacia Ghana, Nigeria y Guinea Ecuatorial. "Los detenidos llevaban diez años operando en nuestro país. Se estima que, en el tiempo que duró la investigación, la mercancía exportada rondaría los 4 millones de euros", concluye.