La Comisión Europea abre consulta pública sobre la simplificación futura de la legislación ambiental
El martes 22 de julio, la Comisión lanzó una convocatoria de pruebas para simplificar la legislación ambiental y reducir las cargas administrativas a nivel de implementación.
La próxima propuesta ómnibus medioambiental reunirá una serie de medidas para simplificar la legislación medioambiental relativa a la economía circular, las emisiones industriales y la gestión de residuos.
El objetivo es identificar las políticas medioambientales de la UE existentes que tengan potencial de simplificación real para los operadores sin afectar a los objetivos medioambientales de la UE ni a la protección de la salud humana.
La Comisión solicita la opinión de las partes interesadas sobre cómo agilizar, facilitar y abaratar la aplicación de la legislación medioambiental de la UE, facilitando así la vida de las empresas europeas. Las medidas pueden incluir la simplificación de las obligaciones administrativas, la eliminación de la duplicación de requisitos de información, el fomento de una mayor digitalización de la información y la resolución de los problemas de obtención de permisos.
La Comisión también está examinando la legislación medioambiental para identificar actos legislativos con potencial de simplificación administrativa y analizará las sugerencias recogidas en los procesos de consulta actuales y anteriores.
Se anima a todas las partes interesadas a responder a través del portal "Dé su opinión". El plazo de retroalimentación para la convocatoria de pruebas está abierto hasta el 10 de septiembre.
La comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall , quien lidera la iniciativa, dijo:
“Nuestro objetivo es recopilar información de las partes interesadas y la ciudadanía sobre cómo simplificar la legislación ambiental sin comprometer nuestros altos estándares ambientales. Reducir la carga administrativa de las leyes ambientales contribuirá a que sean más eficaces y garantizará una mejor protección ambiental a largo plazo.”
Está en consonancia con iniciativas clave de la UE, como la Brújula de la Competitividad , que establece el objetivo de reducir la carga administrativa en al menos un 25 % para todas las empresas y en al menos un 35 % para las pequeñas y medianas empresas (pymes). La Brújula también exige una tramitación acelerada de permisos para los sectores en transición hacia una economía limpia y digital en la UE.
En su programa de trabajo para 2025, la Comisión anunció una serie de medidas para abordar las normas superpuestas, innecesarias o desproporcionadas que crean barreras para las empresas de la UE. En conjunto, con estas medidas, la Comisión pretende reducir las cargas administrativas en un 25 % y en un 35 % para las pymes, para el final de su mandato en 2029.
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