Los comercios y restaurantes de la Comunidad Valenciana no tendrán que afrontar el coste de las máquinas de recogida de envases si el Gobierno autonómico cumple con su compromiso e impone en 2018 el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR). 

Medio Ambiente trabaja ya en un plan para evitar este desembolso inicial, uno de los principales argumentos esgrimidos por los detractores del proyecto, entre los que hallan sectores de peso en la economía, como la distribución y la hostelería. 

La idea es establecer una suerte de arrendamiento anual (o pago a plazos) de modo que los dispositivos se financien íntegramente con los fondos obtenidos a través del propio sistema de gestión de envases, que contempla una compensación a cada establecimiento de dos céntimos por unidad recuperada, según explicó ayer el director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Joan Piquer.

Para superar las reticencias de los empresarios, el alquiler de las máquinas dependerá directamente del éxito de esta iniciativa. Es decir, del volumen de botellas de plástico y de cerveza, latas de refresco y briks de zumo que recoja cada dispositivo. La cuantía a abonar por envase siempre será inferior al canon de 0,2 euros que aporta la Generalitat como garante del sistema, por lo que ningún comercio tendrá que asumir una inversión adicional para afrontar la implantación del SDDR.

La medida se incluye en el primer borrador de la futura ley que ya ultima este departamento y que en septiembre se remitirá a las partes afectadas para su puesta en común. En este documento se establecerán mecanismos que garantizarán el cambio de titularidad del dispositivo cuando éste alcance determinadas cuotas de rentabilidad. Con ello se pretende evitar que este arrendamiento temporal se convierta en un renting indefinido.

"No queremos que la inversión en maquinaria suponga la descapitalización de las empresas", reconoció Piquer, que atribuye la incorporación de esta solución al intenso diálogo que la cúpula de Medio Ambiente ha mantenido con los distintos sectores afectados. No en vano, se contabilizan más de medio centenar de reuniones en los últimos meses. "Ninguna de sus objeciones ha caído en saco roto", precisó el director general.

Lo cierto es que el borrador, que ya se encuentra en su fase final de elaboración, incorpora matizaciones del comercio y la hostelería, pero también de consumidores y de envasadores: "Hemos pretendido adaptar el sistema a las singularidades del tejido productivo y empresarial de la Comunidad Valenciana". Por ejemplo, el documento dedica un capítulo entero al conocido como efecto frontera, los problemas derivados de aplicar una tasa obligatoria de 10 céntimos de euro sobre cada uno de los envases sujetos al SDDR, otra de las pegas a las que alude la gran distribución.