La futura ley de residuos contempla una tasa de desechos domésticos para cumplir las exigencias europeas
España tendrá que poner toda la carne en el asador para evitar multas de la UE por el incumplimiento de la directiva marco de residuos del 2009 (revisada en 2018). Esta norma exigía lograr un nivel de recuperación y reciclado del 50% de los desechos municipales en el 2020; pero esta meta no se ha alcanzado.
En este sentido, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción y ha enviado una carta de emplazamiento a España por no haber adaptado a tiempo esta directiva, según recoge la memoria que acompaña el referido proyecto de ley. En respuesta a esta situación, el Gobierno ha acelerado la tramitación del proyecto de la nueva ley sobre residuos, que debe aprobar antes del mes julio. En él se introducen diversas figuras de fiscalidad básicas, como una tasa municipal de residuos para el contribuyente. El objetivo último es garantizar un buen manejo de la basura y propiciar mayores cotas de reciclado.
Por primera vez, los ayuntamientos españoles se verán obligados a implantar una tasa pública diferenciada y específica para la recogida y el tratamiento de los desechos domésticos municipales de su competencia. Así lo recoge el proyecto de ley. Se busca también dotar de financiación suficiente a los municipios, algo que muchas veces no se da. La gran mayoría de ellos no tienen esa tasa específica para este servicio; otros la “esconden” en el IBI o “cuelga” de otras tasas, con las que no se cubren todos los costes.
Igualmente, y fruto de la presión recibida desde la Comisión Europea, el Gobierno ha aceptado también introducir en la futura ley un gravamen sobre el vertido y la incineración de los residuos (municipales, industriales, escombros..) para penalizar este tipo de tratamientos. Este impuesto lo deberán pagar quienes lleven los residuos a estas instalaciones y con él se quiere provocar un efecto disuasorio, de manera que se tomen medidas para facilitar el reaprovechamiento de materiales y cumplir las directivas europeas. La aplicación de este gravamen ha sido reclamado por la Comisión Europea y por la Generalitat (que sí lo aplica) para evitar el “turismo de residuos” a comunidades que no lo tienen para ahorrar costes.
España ha incumplido los objetivos previstos en la Ley de Residuos del 2011 y en la directiva marco europea del 2009, revisada en el 2018. En ellas se establecía que antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la reutilización y el reciclado “deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso”. Entre estos desechos se incluyen la fracción de la materia orgánica, papel, metales, vidrio, plástico y otras. En el 2018 el reciclado se quedó en España en un 35%, y en el 2019, en el 34,8%. Sobre la base de estos datos, en 2018 la UE ya consideró que “España está en riesgo de no alcanzar el objetivo para 2020”.
La futura ley recoge los compromisos europeos sobre preparación para la reutilización y reciclaje de residuos (un 55% en el 2025, un 60% en el 2030 y un 65% en el 2035), y adelantará la obligación de instaurar la recogida de la materia orgánica en toda España. Deberá quedar establecida antes del 31 de diciembre del 2021 para los municipios de más de 5.000 habitantes y antes de finales del 2023 para el resto.
[Esta noticia fue publicada originalmente en La Vanguardia. Lee el original aquí]
