Así pues, afirman que las diez incineraciones de nuestro país funcionan con un total de 568 trabajadores (25 por cada 100.000 toneladas quemadas), cuando los modelos basados en la recuperación y reciclaje "crean entre siete y 39 veces más empleos que con la incineración" (entre 3.976 y 22.152 puestos).

La tarifa media por tonelada quemada es de 63,20 euros ("aunque llega a alcanzar hasta 140 euros"), lo que supone que para cada planta se deben invertir del orden de 166 euros por habitante y de 20 euros anuales para la explotación de la misma. La ONG apunta que en las localidades con estas instalaciones el gasto municipal por cada vecino en concepto de recogida de residuos y limpieza viaria es casi un 20% mayor que en aquellos lugares que no la tienen, lo que se refleja también en las tasas de basura que pagan los ciudadanos, que "son alrededor de un 30% más elevadas que en los municipios que no queman sus basuras".

Con esta base y tras la aprobación de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, Greenpeace solicita que se revisen algunas políticas de residuos para alcanzar objetivos de reducción, reutilización y reciclaje. Julio Barea, responsable de campaña de la entidad, afirma que las incineradoras ponen trabas a estos objetivos debido a su coste de construcción y mantenimiento, a la contaminación provocada, la destrucción de los recursos naturales, los gases emitidos y la escasa generación de empleo.