Esta proposición de ley fue registrada por Podem en agosto de 2018 como última ofensiva para tratar de salvar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), si bien nadie daba por hecho que este artículo fuera a salir adelante porque no había consenso ni siquiera entre las propias fuerzas que formaban el Ejecutivo y los morados, que lo apoyaban desde el Parlamento valenciano. Pero no solo incluía el SDDR, también recogía un paquete de cambios en la gestión de residuos que causó un fuerte rechazo en la CEV. 

Uno de los puntos más conflictivos en la versión inicial de esta ley era la restricción sobre la forma de distribuir agua. Podem propuso que las empresas responsables de instalar y mantener máquinas expendedoras de bebidas en edificios se encargaran también de hacer lo propio con fuentes de agua potable gratuitas y que no se distribuyeran bebidas en envases de un solo uso en edificios públicos o en eventos que tuvieran apoyo de las administraciones, bien fuera mediante patrocinio o cualquier otro tipo de fórmula. 

Una pretensión que la patronal censuró porque, a su juicio, suponía una "restricción a la libre circulación de envases dentro de la UE contraria al artículo 18 de la Directiva 94/62/CE y al 10 de la Directiva 2009/54/CE sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales". En su lugar, proponían que la normativa se limitara a instar a las administraciones públicas a implantar un sistema de recogida selectiva de envases en los edificios públicos. De la misma manera, el partido entonces liderado por Antonio Estañ quería que se instalaran fuentes de agua en espacios públicos y obligar a los establecimientos hosteleros a ofrecer a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de forma gratuita para conseguir que se redujera la producción de desechos. 

En el primero de los casos, la patronal consideraba que esta era una medida "ineficaz y desproporcionada" puesto que conllevaba una "banalización" de las propiedades del agua mineral embotellada (envase que "permite su transporte en condiciones de higiene y seguridad alimentaria") al equipararla a cualquier agua de consumo humano. En el segundo, creían que exigir a los bares a que ofrecieran agua en jarra o vasos a los clientes suponía una "injerencia en el ejercicio de la actividad empresarial". Además, añadían que existían municipios como Moraira en los que las propias autoridades no recomiendan el consumo del agua del grifo, por lo que sería inviable que éstos cumplieran con la normativa. 

La Proposición de Ley reunía también en distintos artículos el porcentaje al que debía llegar la recogida selectiva de distintos residuos antes de 2025: orgánico (70% ), plásticos (50%), madera (25%), cristal (70%), y papel y cartón (75%).  Unos porcentajes que, no obstante, el órgano presidido por Navarro matizaba que debían ser fijados en el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV). 

Lo mismo razonaron, de hecho, con los plazos que fijaban sobre la recogida selectiva de residuos textiles, residuos peligrosos del hogar, los paneles cerámicos procedentes de la exposición y muestrario de material cerámico que son destruidos cuando las exposiciones finalizan, los residuos plásticos agrarios, poda agraria y paja de arroz, o productos de higiene personal como compresas y pañales. En estos casos, la ley limitaba a que sea efectiva la recogida selectiva ya en 2021. 

Ahora bien, conviene señalar que en toda Europa, apenas existen dos plantas de recogida selectiva de pañales y compresas. De hecho, hasta noviembre de 2017 no se inauguró la primera de ellas en todo el mundo, situada en la localidad italiana de Lovadina di Spresiano. Una realidad que dificultaría que en la Comunidad Valenciana se alcanzara el objetivo demandado en un plazo de apenas dos años.