La ONU inicia las negociaciones de un protocolo internacional contra el tráfico ilícito de residuos
La cooperación internacional para combatir los delitos ambientales da un nuevo paso. La 13.ª reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (COP13), celebrada en Viena (Austria) del 19 al 23 de octubre de 2026, aprobó una resolución para iniciar las negociaciones de un protocolo adicional destinado a abordar actividades delictivas que afectan al medio ambiente.
La delegación de Brasil lideró la aprobación de esta iniciativa junto con otros países coproponentes. El objetivo es reforzar la cooperación entre Estados para prevenir, investigar, procesar y sancionar actividades criminales que operan a través de las fronteras nacionales.
Tres modalidades de delitos ambientales
El futuro protocolo abordará tres ámbitos delictivos. El primero comprende el tráfico de animales y plantas silvestres, incluidos la madera y otros productos forestales. El segundo se refiere a la extracción y el tráfico ilícito de minerales y metales preciosos. El tercero incluye el tráfico ilícito de residuos.
Estas actividades pueden desarrollarse mediante organizaciones que operan en varios países, movilizan recursos ilícitos y aprovechan las dificultades de coordinación entre jurisdicciones. En el caso de los residuos, su transporte irregular a través de distintas fronteras puede dificultar la identificación de los responsables y su persecución.
Las lagunas en la cooperación internacional
El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil señala que, aunque existen acuerdos internacionales orientados a la protección ambiental, todavía persisten lagunas en el tratamiento penal de estas actividades y en los mecanismos de cooperación jurídica necesarios para combatirlas.
La creación de un protocolo adicional a la Convención de Palermo podría facilitar respuestas más coordinadas entre las autoridades policiales, los organismos ambientales, los ministerios públicos y los sistemas judiciales de distintos países.
La propuesta también reconoce la importancia de la participación de los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales, la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra los delitos ambientales.
Un proceso negociador con horizonte en 2028
La iniciativa tiene su origen en un proceso impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil en 2023 y desarrollado posteriormente mediante negociaciones diplomáticas conducidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. La propuesta de elaborar un protocolo ya se había planteado en la COP12, celebrada en octubre de 2024, en la que se aprobó la Resolución 12/4.
A partir de ese proceso, Naciones Unidas constituyó un grupo intergubernamental de expertos que se reunió durante 2025 y 2026 para examinar las lagunas de la legislación internacional y estudiar la posibilidad de establecer un nuevo instrumento.
La resolución aprobada en Viena prevé ahora la creación de un comité ad hoc encargado de elaborar el contenido del protocolo. Este órgano celebrará cuatro sesiones de negociación, con una duración máxima de diez días cada una. La previsión es presentar una propuesta de texto en la COP14, en 2028, para que los países puedan examinarla.
Por tanto, el acuerdo alcanzado en la COP13 abre una nueva fase de negociación internacional. El alcance y las disposiciones concretas del futuro protocolo todavía deberán definirse durante ese proceso.
