Antes de la victoria de una asociación de señoras suizas con una edad media de 73 años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, ya hubo otras sentencias históricas a favor de grupos de ciudadanos y asociaciones que llevaron a sus gobiernos ante la justicia por la emergencia climática. Desde un puñado de jóvenes o pequeñas organizaciones locales a grandes agrupaciones sociales respaldadas por millones de firmas. La ciudadanía preocupada por la insuficiente respuesta de los países frente a la amenaza del cambio climático ha dejado en evidencia en los tribunales a los gobiernos de Países Bajos, de Francia, de Alemania, de algunos Estados de EE UU, de Bélgica… Salvo en España, donde el Supremo dio la razón el verano pasado a la Administración frente a los ecologistas en el primer litigio climático del país, son ya muchos los precedentes en los que los jueces fallan a favor de las demandas de los ciudadanos para que los gobiernos cumplan con su responsabilidad de proteger a la población ante el calentamiento del planeta. Y se espera que sean muchos más por la proliferación de litigios climáticos. ¿De qué han servido realmente estas victorias en los tribunales? En la mayoría de los casos, no se han traducido en cambios significativos en las políticas para reducir las emisiones que provocan el cambio climático, pero sí han conseguido otros impactos importantes.

“Aunque las sentencias y condenas en los litigios climáticos no vayan siempre acompañadas de una reacción de los Estados, son útiles porque crean una presión política que resulta difícil de conseguir de otras formas”, afirma Justine Ripoll, representante de Notre affaire à tous, una organización francesa que utiliza el derecho para aumentar la acción contra el cambio climático y una de las entidades —junto a Oxfam y Greenpeace Francia— que consiguieron que el Estado francés fuera condenado en los tribunales por el incumplimiento de sus compromisos climáticos en el llamado caso del siglo, un movimiento ciudadano apoyado con 2,3 millones de firmas.

La primera de estas grandes victorias de la ciudadanía se produjo en 2015 en Países Bajos, en una sentencia refrendada después por su Tribunal Supremo en 2019. Urgenda, una pequeña ONG local y sin filiales internacionales, logró que la justicia obligara al Gobierno holandés a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país al menos un 25% para finales de 2020, en comparación con los niveles de 1990, amparándose en los derechos humanos. Cuando llegó el fin de 2020, este país registró una reducción del 25,5%, pero no por una mayor ambición de sus políticas climáticas, sino fundamentalmente por los bajos precios del gas (que provocaron un menor uso del carbón), un invierno cálido y la pandemia de covid. Se cumplió la sentencia, sin acometer reformas de gran calado contra el cambio climático.

Con todo, la victoria de Urgenda sigue estando muy presente en este país, como incidió hace unos días el propio ministro holandés de Clima y Energía, Rob Jetten, en un encuentro con periodistas españoles al que asistió EL PAÍS. Según Jetten, aquella sentencia del Supremo sigue impactando en las políticas climáticas para los próximos años, “porque su efecto se prolonga en el tiempo”. “Cada año se publica un informe nacional sobre el curso de las emisiones, y si no cumplimos con los recortes, otras muchas personas pueden acudir a los tribunales para lograr que el Gobierno lo haga”, destacó el ministro, que aseguró que ahora se ha reforzado la Ley del Clima con el compromiso de reducir un 55% las emisiones para 2030.

En Francia, en 2021, el tribunal administrativo de París falló en contra del Estado por incumplir sus compromisos climáticos y le ordenó que compensara los 15 millones de toneladas de CO₂ emitidos de más respecto a los objetivos de 2015-2018. Sin embargo, el llamado caso del siglo tampoco supuso grandes cambios en las políticas climáticas en este país. Y el mismo tribunal rechazó en 2023 una petición de las organizaciones demandantes para sancionar al Estado francés con 1.100 millones de euros al considerar que los retrasos de cumplimiento estaban siendo contrarrestados por las menores emisiones del primer semestre de ese año, conseguidas otra vez en gran medida por factores coyunturales.

“¿Qué impacto ha tenido esta sentencia en Francia?”, se pregunta Justine Ripoll, que responde a continuación: “No ha conseguido que el Gobierno francés tome medidas de más, pero sí ha tenido un impacto político. Ha servido para que el clima se convierta en un tema central, para ver todos los años si el Estado respeta sus compromisos y para preguntarnos si las medidas que hemos tomado son suficientes para cumplir con los objetivos de 2030″.

Como incide la representante de la organización Notre affaire à tous, “ahora en Francia el Consejo de Estado va a preguntar todos los años al Gobierno en los tribunales qué ha hecho y si el Gobierno se retrasa demasiado en sus compromisos se van a imponer sanciones económicas o se van a pedir medidas específicas, como reducir el transporte o poner más dinero en la rehabilitación de edificios”. “Políticamente, es difícil para el Gobierno decir ahora que lo está haciendo bien con el clima, pues hay jueces que han concluido lo contrario”, asegura la francesa. “En el debate público, la victoria en los tribunales ha dado mucha fuerza a toda la gente que trabaja en estos temas y que negocia con los políticos”.

Otro efecto de estas sentencias tiene que ver con los activistas que son llevados a su vez a los tribunales por sus acciones de desobediencia civil o sabotajes en protesta por la acción demasiado lenta de los países para reducir las emisiones. “La represión policial ha aumentado mucho en Francia contra estos activistas, pero cuando son llevados ante la justicia a menudo no son condenados porque los jueces toman en consideración el hecho de que el propio Estado francés está cometiendo una ilegalidad y tratando de tapar sus incumplimientos cargando contra los militantes que recuerdan que ha sido condenado en los tribunales”.

En el caso de Bélgica, el Tribunal de Apelación de Bruselas sentenció en 2023 que el Estado belga y las regiones de Flandes y Bruselas no hicieron esfuerzos suficientes para recortar los gases de efecto invernadero en 2020 y les obligó a respetar el objetivo de reducir sus emisiones en un 55% en 2030, respecto a los valores de 1990. Para Sarah Tak, coordinadora de Klimaatzaak, organización promotora de la iniciativa ciudadana que consiguió esta victoria legal, “el fallo aclaró que la crisis climática es una crisis de derechos humanos y que nuestro Gobierno tendrá que aumentar drásticamente tanto la acción como la ambición climática”. Según esta activista, “dado que el marco regulatorio internacional sobre el clima no prevé objetivos de reducción vinculantes, sentencias nacionales como la del Tribunal de Apelación de Bruselas pueden ser de suma importancia para llenar el vacío de gobernanza. Los gobiernos federal y regional belgas están ahora legalmente obligados a asumir su parte de responsabilidad en la misión colectiva de mantener el calentamiento global por debajo del peligroso límite de temperatura de 1,5 °C”. “Esto es verdaderamente importante y catalizará nuestra política nacional durante el resto de esta década”, incide Tak, que asegura que el tribunal abrió también un procedimiento de seguimiento en el que evaluará políticas y objetivos intermedios para el periodo 2022 a 2024 y anunció que podría imponer multas coercitivas en caso de incumplimiento.

A pesar de los efectos que sí tienen estas sentencias para impulsar la acción climática, algunos juristas muestran más dudas sobre la estrategia de llevar continuamente a los gobiernos ante los tribunales para obligarles a tomar más medidas contra el cambio climático. Ana Barreira, abogada y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), considera que “se está levantando demasiado ruido” con sentencias como la del TEDH de esta semana, que asegura que solo afecta a Suiza, con interpretaciones a veces equivocadas. “Hay que ser más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, no soy escéptica ni negacionista, pero creo que hay que hacer una transición que no genere rechazo social, porque, si no, nos vamos a cargar todo en lo que se lleva trabajando desde hace muchos años en Europa”, comenta la abogada, que cree contraproducente forzar a los gobiernos a tomar medidas drásticas que suponen grandes cambios en la sociedad a golpe de sentencias.

Para la belga Sarah Tak, “los jueces de Estrasburgo confirmaron claramente la obligación de los gobiernos de proteger eficazmente a sus ciudadanos del cambio climático”, lo que implica reducciones de las emisiones mucho más drásticas, como pide la ciencia climática. “Aunque solo sea vinculante para Suiza, el veredicto impacta en la gobernanza climática de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa”, considera la activista. “Y sin duda provocará una nueva generación de demandas climáticas nacionales”, vaticina.

[Este contenido ha sido reelaborado a partir de El País. Lee el original aquí]