Recycling Europe ha solicitado a la Comisión Europea que retrase la siguiente fase de aplicación de las nuevas normas sobre traslados de residuos ante los problemas técnicos que, según la organización, persisten en el Sistema Digital de Traslados de Residuos (DIWASS). En una carta fechada el 21 de octubre de 2026 y publicada tres días después, la entidad advierte de que los fallos de la plataforma están dificultando la actividad de las empresas recicladoras y poniendo en riesgo la continuidad de los flujos de materiales entre países europeos.

La organización señala que, cinco meses después de la introducción del sistema, algunos envíos sujetos a notificación continúan sufriendo retrasos o bloqueos por errores técnicos. Estas incidencias generan costes adicionales e incertidumbre para las empresas, que deben cumplir sus obligaciones regulatorias sin poder confiar plenamente en el funcionamiento de la herramienta digital.

Recycling Europe sostiene que la aplicación práctica del Reglamento sobre traslados de residuos está creando obstáculos a la circulación transfronteriza de materiales reciclados, pese a los objetivos europeos de reducir las cargas administrativas, reforzar el mercado único y mejorar la competitividad industrial.

La organización pide a la Comisión Europea que posponga las siguientes fases de aplicación y, en particular, la digitalización obligatoria de los traslados de residuos no peligrosos hasta, al menos, el 1 de julio de 2027. Durante ese periodo, propone mantener la posibilidad de utilizar procedimientos en papel hasta que la plataforma funcione correctamente y permita completar las notificaciones sin dificultades.

La petición responde a la proximidad del 1 de enero de 2027, fecha prevista para incorporar nuevas operaciones y operadores al sistema digital. Recycling Europe considera que ampliar su ámbito de aplicación sin resolver previamente los problemas existentes podría extender las incidencias a un mayor número de envíos y empresas.

La asociación defiende que el periodo adicional permitiría probar adecuadamente la plataforma, corregir sus fallos y evitar interrupciones generalizadas en las operaciones de reciclaje y en las cadenas industriales que dependen de los materiales recuperados.

Además del aplazamiento, Recycling Europe solicita revisar la obligación de presentar la documentación con dos días laborables de antelación para los traslados de residuos no peligrosos. Según la entidad, este requisito no refleja suficientemente las condiciones operativas del sector y puede provocar nuevas dificultades en la organización de los envíos.

Las empresas recicladoras dependen de movimientos transfronterizos regulares para conectar sus instalaciones de tratamiento con los clientes industriales y los mercados de materiales secundarios. La asociación advierte de que las compañías no pueden suspender indefinidamente los envíos, aplazar sus compromisos contractuales ni asumir todos los costes derivados de los fallos de una plataforma que todavía presenta problemas.

Recycling Europe afirma que ya ha trasladado estas incidencias a los servicios de la Comisión Europea y que ha aportado ejemplos concretos de los obstáculos técnicos encontrados.

La digitalización de los procedimientos cuenta con el respaldo de Recycling Europe, siempre que se apoye en una plataforma fiable, plenamente operativa y adecuada a las necesidades del sector. La organización considera que el problema no reside en el objetivo de digitalizar los trámites, sino en aplicar nuevas obligaciones antes de garantizar el funcionamiento correcto de las herramientas necesarias para cumplirlas.

Los materiales recuperados por las empresas recicladoras contribuyen a reducir la dependencia de materias primas vírgenes y a avanzar en la descarbonización industrial. Sin embargo, su aprovechamiento requiere que puedan circular entre los Estados miembros sin trabas administrativas u operativas desproporcionadas, ya que las instalaciones de reciclaje y los consumidores industriales no siempre se encuentran en el mismo país.

Por ello, la asociación reclama que la Comisión Europea priorice la resolución de los problemas técnicos, garantice la seguridad jurídica y adapte el calendario de aplicación a las condiciones reales de funcionamiento del sistema.

La petición de Recycling Europe no supone que la Comisión haya aceptado modificar los plazos. Se trata de una solicitud del sector para evitar que las dificultades de implantación de la normativa interfieran en el comercio de materiales reciclados y en el funcionamiento de la economía circular europea.