La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha reclamado en una carta remitida al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dos mejoras para el régimen retributivo de la actividad pública de tratamiento de residuos, cuya sostenibilidad económica se ve "en peligro" como consecuencia de la reforma energética y de las medidas fiscales aplicadas desde 2012.

En la carta, Botella propone dos medidas que, a su juicio, contribuirán a "paliar" el problema de las instalaciones, caracterizado no solo por la dificultad para garantizar la sostenibilidad económica, sino también por los efectos negativos sobre el medio ambiente.

La primera iniciativa consiste en una exención de todas las medidas regulatorias, tanto fiscales como retributribas, aprobadas desde 2012 para los servicios públicos de gestión y tratamiento de residuos y de lodos de depuración gestionados por las ciudades y las comunidades autónomas.

La segunda propuesta de Botella pasa por que las instalaciones asociadas a la prestación de estos servicios públicos en operación antes de 2008 no se queden sin las retribuciones a la inversión y a la operación. La retirada de estos incentivos aparece en los borradores tanto del real decreto del régimen especial como de la orden ministerial sobre parámetros retributivos de estas instalaciones.

En la carta, la alcadesa de Madrid comparte "plenamente" la necesidad de dar un marco estable al sector eléctrico y de acometer reformas que garanticen su sostenibilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, llama la atención acto seguido sobre la actividad de tratamiento de residuos, crucial en ciudades como Madrid.

Estos servicios se sostienen económicamente en parte gracias a los incentivos al régimen especial. Por ese motivo, las medidas fiscales y regulatorias impulsadas desde 2012 están provocando "un gran perjuicio económico a todas las administraciones que, como Madrid, cuentan con tratamiento de residuos y lodos con producción de energía eléctrica", advierte.

De hecho, desde esa fecha las plantas se han encontrado con nuevos impuestos y peajes, la supresión de exenciones fiscales del impuesto de hidrocarburos, la supresión de primas y otras retribuciones, y la limitación de valores de venta de energía según la eficacia de la producción en función de la demanda. A todas las medidas se suma el nuevo recorte al régimen especial.

Botella advierte de que la nueva situación hace "más difícil" el cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de Madrid y del resto de ciudades españolas. Además, califica de "especialmente preocupante" el perjuicio medioambiental que se podría producir si los ayuntamientos renuncian a algunas de estas actividades.

Las plantas de tratamiento de residuos generaron en 2012 el 4,1% de la producción del régimen especial, donde se incluyen las renovables. La prima de las plantas sumó ese año 195 millones, frente a los 8.639 millones de todo el régimen especial, esto es, el 2,26% del total.

A la vista de estas cifras, la alcaldesa asegura que "la repercusión económica de estas dos propuestas no incidiría significativamente en el importe total de las retribuciones, pero sí contribuiría a solucionar los desajustes económicos que el nuevo marco regulador está provocando en el conjunto de la administración local y autonómica".

Las propuestas impedirán además a su juicio que se incremente sustancialmente el déficit de las administraciones locales y autonómicas o que se encarezcan las tasas públicas asociadas a la prestación de estos servicios.

Botella también defiende ante Soria las políticas de tratamiento de residuos en Madrid. "No han sido precisamente testimoniales, sino que constituyen las actuaciones medioambientales más avanzadas de España", señala, antes de calificar el parque tecnológico de Valdemingómez de "referente nacional e internacional".

El Ayuntamiento de Madrid gestiona dos plantas de biometanización de residuos, una planta de producción de biometano, una incineradora, una instalación de producción de energía eléctrica a partir del biogás de vertedero y dos plantas de secado térmico de lodos con importantes beneficios medioambientales.

Solo en la última década, recuerda Botella, se han destinado 300 millones de euros a la inversión en estas instalaciones. Su explotación requiere un gasto corriente anual de 35 millones de euros.