El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha ordenado a Italia pagar 40 millones de euros por haber incumplido un fallo anterior, del año 2007, que le obligaba a acabar con el vertido de residuos ilegales.

El tribunal, con sede en Luxemburgo, condena a Italia a pagar una multa coercitiva decreciente de 42.8 millones de euros semestrales hasta que se ejecute la sentencia. De ese importe se deducirán 400.000 euros por cada uno de los emplazamientos con residuos peligrosos que se regularicen y 200.000 euros por cada uno de los demás emplazamientos regularizados.

La sentencia subraya el fracaso de los sucesivos gobiernos de Italia para hacer frente a un escándalo ambiental al que se le acusa de ser responsable de niveles anormales de cáncer y otras enfermedades en algunas partes de la región de Campania, situada al sur de la ciudad de Nápoles.

La CE señaló que 218 vertederos ubicados en dieciocho de las veinte regiones italianas no se ajustaban a la directiva sobre residuos. Algunos de ellos contienen efluentes industriales altamente tóxicos.

Pero Campania, hogar de la famosa Camorra, ha sido considerada durante mucho tiempo como el centro de la crisis. La región está llena de vertederos malolientes y quemas ilegales que envían regularmente columnas de humo negro hacia la atmósfera.

El problema ha persistido a pesar de las promesas de construcción de nuevas incineradoras y lugares de tratamiento de residuos orgánicos, y una sucesión de medidas de emergencia, incluido el envío de los residuos de Nápoles a otras regiones de Italia o a países como Alemania y España.

El TJUE señala en su fallo que cerrar un vertedero ilegal o enterrar los residuos no es suficiente para cumplir con las normas medioambientales de la UE.

Añade que Italia no sólo ha fracasado en la eliminación segura de los residuos, sino que ni siquiera ha proporcionado una relación completa de las cantidades y naturaleza de los residuos tóxicos vertidos en muchos de estos vertederos ilegales.

Asimismo indica que semestralmente se controlarán los avances de Italia en el cumplimiento de sus obligaciones y que el país tendrá que dar a la CE "la prueba de que se han adoptado las medidas necesarias" para ejecutar la sentencia de 2007.