Los Estados miembros de la UE serán los encargados de imponer sanciones "disuasorias" a las empresas que hagan afirmaciones medioambientales infundadas sobre sus productos, según un proyecto de nueva ley de la UE.  El objetivo de la propuesta, que la Comisión Europea presentará en las próximas semanas, es ayudar a los consumidores a tomar decisiones mejor informadas sobre los productos que compran. Ya sean "verdes", "ecológicos" o "respetuosos con el medio ambiente", casi la mitad (40%) de las alegaciones medioambientales que se hacen sobre los productos "carecen de fundamento", afirma la Comisión en el borrador.

"Los consumidores carecen de información fiable sobre la sostenibilidad de los productos y se enfrentan a prácticas comerciales engañosas como el "greenwashing" o la falta de transparencia y credibilidad de las etiquetas medioambientales", escribe el Ejecutivo comunitario en un preámbulo del proyecto de ley. "Las empresas que hagan 'alegaciones verdes' deben justificarlas con una metodología estándar para evaluar su impacto en el medio ambiente", añade, en referencia a la emblemática agenda de la UE sobre el Trato Verde, adoptada en 2019.

Para garantizar que las alegaciones ecológicas se demuestran, se pedirá a los Estados miembros de la UE "que establezcan un sistema de verificación para la justificación de las alegaciones medioambientales" que tendrán que llevar a cabo "verificadores independientes". Y lo que es más importante, los países de la UE serán los encargados de garantizar "el cumplimiento de esas normas" e introducir "sanciones" a los infractores que "deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias", dice el borrador. Las sanciones deberán establecerse sobre la base de criterios comunes, según el texto, entre los que se incluirán "la naturaleza y gravedad de la infracción", así como "los beneficios económicos derivados" de la misma y los posibles daños medioambientales causados.

Los activistas aplaudieron la medida, afirmando que es "primordial que los Estados miembros establezcan sanciones suficientemente elevadas" para disuadir a las empresas de infringir la ley. "Es alentador que la Comisión tenga la intención de reforzar el papel de las autoridades de vigilancia del mercado en la lucha contra el lavado verde", declaró Dimitri Vergne, de BEUC, la organización de consumidores de la UE. "Esperamos firmemente que esta propuesta se mantenga en la versión final", declaró a EURACTIV, subrayando que el proyecto de directiva "es un blanco móvil" que aún puede cambiar antes de su publicación.

Estaba previsto que la directiva sobre alegaciones ecológicas se publicara el año pasado, pero se retrasó varias veces por falta de consenso sobre las metodologías para verificar las alegaciones medioambientales. Actualmente hay más de 200 ecoetiquetas activas en la UE, cada una de las cuales se basa en mediciones y metodologías diferentes. Gran parte del debate se centra en la metodología de la Huella Ambiental de Producto (HAP), que la Comisión Europea quiere extender gradualmente a una gama más amplia de productos. La metodología de la HAP pretende calcular el impacto ambiental de un producto a lo largo de su vida útil. Se han desarrollado varias para distintos grupos de productos, como textiles, alimentos o envases. Pero algunas metodologías FCR han sido cuestionadas porque no siempre reflejan todos los aspectos de la sostenibilidad. En el caso de los envases, por ejemplo, los productores de vidrio se han quejado de que la metodología FCR prevista se centraba excesivamente en las emisiones de CO₂ sin tener en cuenta el hecho de que el vidrio puede reciclarse una y otra vez. Mientras tanto, otras ventajas del vidrio, como la ausencia de sustancias químicas tóxicas en su composición, no quedaban debidamente reflejadas, según la Federación Europea de Fabricantes de Envases de Vidrio (FEVE).

La Comisión Europea ha tenido en cuenta estos comentarios y ha afirmado que "considera sensato dejar más flexibilidad a las empresas" a la hora de elegir la metodología adecuada para justificar las alegaciones medioambientales. Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario afirma que seguirá trabajando en el desarrollo de metodologías de FCR para grupos de productos específicos, entre los que cita "prendas de vestir, peces marinos, césped sintético, flores cortadas y plantas en maceta", así como "envases flexibles". Una vez desarrolladas y aprobadas por los grupos de expertos de la UE, estas metodologías del FCR y los correspondientes sistemas de etiquetado quedarán grabados en piedra y serán jurídicamente vinculantes en toda la UE mediante normas de aplicación conocidas como "actos delegados".

Los activistas apoyan la iniciativa, pero advierten del peligro de dar a las empresas demasiada flexibilidad en la elección de la metodología, ya que ello reduciría su seguridad jurídica. Según Margaux le Gallou, de ECOS, una organización sin ánimo de lucro dedicada a las normas medioambientales, "las declaraciones sólo deben basarse en metodologías legalmente reconocidas". "El resto de alegaciones deberían prohibirse", añadió, y añadió que "es mejor no tener alegaciones que tener alegaciones basadas en metodologías deficientes", porque de lo contrario se da una ventaja injusta a la empresa que hace las alegaciones.

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