El pasado 23 de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, que abre un nuevo periodo de retos para nuestro sector y marca el ambicioso objetivo de reducir los residuos generados en 2020 en un 10 % respecto del peso de los residuos generados en 2010.

Las cuatro líneas en las que se articula el Programa inciden en los elementos clave de la prevención: disminución de la cantidad de residuos, reutilización y alargamiento de su vida útil, reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, así como de sus impactos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Todo este plan sirve de punto de partida para el nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos que arrancará el año que viene y en el que nuestra asociación desea colaborar de forma activa para recoger así las numerosas inquietudes que existen actualmente entre los gestores de residuos industriales y peligrosos. Y es que estas inquietudes están tomando forma porque ya hay Comunidades Autónomas (Aragón, Cataluña, Castilla y León y Asturias) que están poniendo en marcha sus planes, lo que está permitiendo a Asegre detectar los primeros problemas.

El principal problema que no solventará la situación actual, es que los presupuestos para inspección y control son demasiado bajos para detectar actuaciones irregulares o ilegales. Hace años que las inspecciones se destinan únicamente a las plantas autorizadas de tratamiento de residuos, lo que hace que no haya recursos para atajar malas prácticas, como por ejemplo el tratamiento de residuos peligrosos en plantas de biogás, en depuradoras de aguas residuales urbanas o la aplicación de residuos de origen industrial como fertilizantes, algo para lo que no son aptos.

Todas estas cuestiones fueron analizadas hace unos días por nuestro secretario general, Luis Palomino, para el diario El Norte de Castilla a propósito del nuevo Plan Integral de Residuos de Castilla y León aprobado el pasado mes de marzo.

Si queremos avanzar de veras hacia una economía circular, tal y como promovía Bruselas hace unas semanas, es necesario que las Administraciones amplíen el rango de inspección a todas las actividades de producción y gestión de residuos y eso solo se podrá lograr con una voluntad política decidida con objetivos claros y que se vea reflejada en sus presupuestos.