Con más de una decena de legislaciones sostenibles aprobadas, o en proceso de hacerlo, en Europa, la presión para que las empresas de moda adopten mejores prácticas hacia el medioambiente va en aumento. No sólo eso, sino que en países como Francia se comienza a plantear la posibilidad de gravar aquellos productos que no tengan determinadas características. ¿En quién repercutirá? Las marcas se ven obligadas a aumentar sus costes, mientras el precio de venta es difícil de elevar en determinados productos, lo que terminará derivando, según diversos operadores del sector consultados por el portal web Modaes, en más presión a los proveedores.

“Si para vender en Francia vamos a tener que pagar un impuesto por determinadas prendas, a nosotros nos van a seguir pidiendo el mismo mark up, así que tendremos que presionar al proveedor”, reflexiona una compradora de un grupo español de gran distribución de moda. Esta compradora hace referencia a la ley que tiene pendiente de aprobar el Senado francés que prohibirá la publicidad o introducirá tasas a las empresas de moda efímera.

Según los datos del Open Supply Hub, la moda cuenta con una red de un mínimo de 141.254 proveedores distribuidos por todo el mundo. La entidad, sin embargo, contabiliza únicamente las plantas que son declaradas por las propias empresas, por lo que el número se intuye que sea mucho mayor.

En España, el número de proveedores de grupos de gran distribución ha ido a la baja por los mayores costes. Aunque la crisis del Covid-19 hizo que las marcas volvieran a mirar al país, los proveedores han visto de nuevo una caída de los pedidos y un aumento de la presión en los precios. “Esto va a ir a más, con lo que muchos terminarán apostando por sectores que trabajen con más margen y eso permita pagar más por los pedidos”, explica un proveedor.

Es el caso de compañías como Tejidos Royo, Textil Santanderina o Hilaturas Arnau, que están dando cada vez más fuerza a divisiones algo diferentes a las de la moda tradicional. Estas empresas, que son de los pocos gigantes industriales que sobreviven produciendo en España, han optado en los últimos años por alternativas como el tejido técnico, que a pesar de suponer menos volumen, aporta un mayor margen.

“Avanzar en esta transformación significa elevar regularmente las exigencias y requisitos mínimos para formar parte de nuestra cadena de suministro”, aseguran fuentes de Inditex. Para ello, la compañía ha resaltado la creación de una plataforma online “de transparencia y conocimiento” al servicio de la industria. En ella, el grupo gallego comparte algunos de sus principales avances como procesos que requieren un menor uso de agua y de energía.

“La implementación de prácticas sostenibles conlleva a un aumento en los costes para los proveedores, lo que podría reflejarse en las empresas”, añaden desde Tendam, aunque aseguran que están dispuestos a absorber parte del aumento de precios.

La legislación que actualmente está más cerca de impactar en los proveedores es la Directiva de diligencia debida (CSDDD), aprobada oficialmente en mayo. Esta normativa hará responsables a las empresas de toda su cadena de valor, de manera que terminarán traspasando a sus proveedores la obligatoriedad de introducir controles y auditorías si quieren trabajar con ellas. En la práctica, esto representará más costes para los proveedores.

La principal línea de trabajo de las empresas pasa por créditos verdes y compromisos de compra, que no suponen un flujo de dinero explícito Lo mismo sucede con los objetivos en materia de reducción de emisiones. Gran parte de los objetivos sostenibles que se han marcado las empresas tienen como fecha límite 2030 y, en el caso de algunos, 2025. La clave para la reducción de emisiones está en atacar aquellas derivadas de los procesos productivos, de nuevo, los proveedores.

A un año de la primera fecha límite, las empresas ya han comenzado a implementar algunos cambios en sus redes. La tendencia general en el sector para apoyar a sus proveedores, sin embargo, se basa en ampliar los compromisos de venta a largo plazo, no las inversiones necesarias para nuevas estructuras y procesos.

Este tipo de acuerdos dan cierta “seguridad” a los proveedores, para que se arriesguen a invertir en la modernización de sus fábricas sabiendo que seguirán manteniendo a sus clientes en el futuro. Según los datos de McKinsey, este tipo de acuerdos a largo plazo alcanzaron un 43% en 2023, frente al 26% que suponían en 2019.

“La naturaleza altamente competitiva del sector de la moda se traduce en que tanto las marcas como los proveedores prioricen soluciones rápidas y simples por encima de acuerdos a largo plazo que requieren de mayor tiempo y esfuerzo”, alerta el último informe de McKinsey sobre la volatilidad en la cadena de suministro. De hecho, este es uno de los grandes temores de los proveedores: que se realicen las inversiones y, después, los pedidos no lleguen. La pandemia del Covid-19 mostró cómo las marcas de moda cambiaron de lugares de aprovisionamiento de la noche a la mañana, rompiendo acuerdos de compras con proveedores, especialmente asiáticos.

El último intento de la industria de impulsar una mayor eficiencia energética en los proveedores pasa, de hecho, por dar garantías bancarias a una red de proveedores en Bangladesh para que inviertan en descarbonización. La sueca H&M, la estadounidense Gap, la danesa Bestseller y la española Mango firmaron a finales de mayo el Future Supplier Initiative (FSI), un proyecto que busca impulsar a los proveedores a renovar sus procesos.

Los proyectos, sin embargo, y a pesar de contar con acceso al crédito en condiciones ventajosas a través de la garantía aportada por las marcas al banco asiático DBS, serán pagados por los propios proveedores.

“Normalmente, las grandes empresas de moda operan con márgenes ajustados y buscan mantener su competitividad en el mercado, por lo que cualquier aumento en los costes de producción o suministro repercutirá directamente en el precio final de los productos”, aseguran desde Kiabi, que opera principalmente con proveedores ubicados en Asia y el norte de África.

La subida de precios es una de las estrategias por la que están apostando la mayoría de los grupos de gran distribución. Sin embargo, ante la imposibilidad de elevar las etiquetas de prendas básicas (unos jeans, por ejemplo), compañías como Zara, Mango o, incluso, Primark, llevan varios ejercicios en una estrategia de reposicionamiento que justifique un aumento de los precios ante la subida de sus costes, si bien mantienen la presión sobre los proveedores. “Trabajamos para optimizar nuestros procesos internos y buscar eficiencias que nos permitan mitigar el impacto económico, siempre con el objetivo de mantener precios competitivos”, finaliza Tendam.

[Este contenido procede de Modaes. Lee el original aquí]