En 2007, una de las leyes más ambiciosas del anterior Gobierno socialista en materia de medio ambiente, obligó a decenas de miles de empresas potencialmente contaminadoras a contratar avales o fianzas para pagar cualquier accidente del que pudieran ser responsables. En esencia, se trataba de pasar de la teoría a la práctica el principio de “quien contamina, paga”. La empresa suscribía una garantía financiera en función de su potencial para generar daños medioambientales con la que responder en caso de accidente. La ley de 2007 obligaba a 320.000 operadores a contratar estos seguros. La reforma que ahora ha emprendido el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente exime al 98% de esas empresas: solo se les exigirá a 5.470.

La ley de 2007 era tan ambiciosa que, en realidad, nunca llegaron a ponerse en marcha las garantías financieras. El desarrollo reglamentario de la norma fue retrasando su aplicación práctica. Se publicaron órdenes ministeriales que ampliaban los plazos, de forma que, como explica Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, “nunca llegó a ser exigible”. La reforma que impulsa el ministerio de Miguel Arias Cañete significa que esas garantías ya no serán exigibles para el 98% de las actividades que la ley de 2007 sí consideraba obligatorias. El ministerio argumenta que ha eximido a las actividades “con escaso potencial de generar daños medioambientales y con bajo nivel de accidentalidad”. Las cementeras, grandes químicas, centrales de energía eléctrica, etcétera, sí deberán suscribir los “seguros verdes”.

La exención de casi 315.000 actividades respecto a la ley de 2007 ha llamado la atención del Consejo de Estado en su dictamen del 19 de diciembre pasado. “Una exención tan generalizada debería, a juicio del Consejo de Estado, integrarse mejor en el presente anteproyecto de ley”, señala el texto. Para Hugo Morán, portavoz de Medio Ambiente del PSOE, el órgano consultivo “está criticando el hecho de que prácticamente se produce una excepcionalidad generalizada; la excepcionalidad se convierte en regla”.

“La nueva ley restringe al mínimo las actividades sujetas a la garantía. Y además, al escaso número que sí se las exige, les concede un principio de voluntariedad y no de obligación”, añade. Morán se refiere a otra de las novedades que incluye esta reforma con respecto a la norma de 2007. A diferencia de lo que ocurría antes, cuando era la Administración la que determinaba la responsabilidad de cada empresa, ahora el operador que esté obligado a constituir la garantía será el que “determine su cuantía a partir de la realización del análisis de riesgos de su actividad, y quien comunique a la autoridad competente la constitución de la misma”, según el texto del anteproyecto que pasó a Consejo de Ministros a mediados de enero.

“Es como si el principio el que contamina, paga pasara a ser voluntario”, dice Mario Rodríguez, director de Greenpeace España. “Si hay una póliza suscrita, te aseguras de que el culpable de, por ejemplo, un vertido, paga lo que contamina. Si no, hay que ir a los tribunales a exigírselo. Al final, esta reforma significa que a los grupos ecologistas nos toca gastarnos los cuartos en acudir a la justicia para exigir reparación cuando hay un accidente. La experiencia dice que, como no haya garantía o aval, no paga ni el tato”, asegura. “Con la ley actual, necesitabas autorización de la Administración. Ahora, con comunicar el plan de prevención de riesgos será suficiente. Dependerá de la buena voluntad de los operadores. La reforma parece una amnistía encubierta para la mayoría de empresas”, añade.

Guillermina Yanguas, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, asegura que “España dio un paso valiente” en 2007 al exigir garantía financiera a las empresas. La ley trasponía una directiva europea sobre responsabilidad medioambiental que, tal y como recuerda Yanguas, daba libertad a los Estados para decidir si obligaba a sus empresas a suscribir avales o seguros. “El propio Gobierno socialista se dio cuenta de que la exigencia era excesiva”, señala. Y explica que no es lo mismo un taller de coches o una tintorería que una cementera o una química. Con la reforma el ministerio pretende que las empresas con mayor potencial de generar daños o con mayor nivel de accidentalidad (5.470 operadores) estén obligados a constituir las garantías “en junio de este año”. Sobre la determinación del importe de esas garantías, afirma: “Es el propio operador el interesado en tener bien cubiertos los daños que pueda producir”. Que sea voluntario “no impide que la Administración lo revise”, añade.

A Rita Rodríguez, en cambio, le preocupa que “todo quede en manos del operador. Él se evalúa su propio riesgo y decide la cuantía de la garantía. ¿Se va a revisar luego?”, se pregunta. “Y no está tan claro que una pequeña o mediana empresa, como un taller de chapa, no pueda causar daño”, añade. Mario Rodríguez también usa ese ejemplo: “A un taller se le rompe un tanque de aceite de usado y pasa al alcantarillado. Antes, en caso de vertido, una aseguradora respondía y pagaba el daño. ¿Y ahora?”.