En consonancia con la creciente preocupación por la autonomía energética de la UE, la R2R también se alinea con los esfuerzos para fortalecer la soberanía industrial y reducir la dependencia de materias primas extranjeras. Al promover la reparabilidad de los productos y fomentar una mayor producción y consumo internos, la UE también aspira a mejorar la sostenibilidad ambiental y la resiliencia económica, reduciendo su exposición a interrupciones en las cadenas de suministro globales.

Además, el Consejo ha adoptado el Reglamento sobre diseño ecológico que establece requisitos para los productos sostenibles, reemplazando la directiva de diseño ecológico existente y ampliando su alcance. Este reglamento introduce nuevos requisitos como durabilidad, reutilización, actualización y reparabilidad del producto. También aborda aspectos como la presencia de sustancias que obstaculizan el reciclaje, la eficiencia energética y de recursos, el contenido reciclado, la remanufactura y el reciclaje, así como las huellas de carbono y otros impactos ambientales. Además, se incluyen requisitos de información, como un pasaporte de producto digital.

Las empresas tendrán un plazo de 18 meses para cumplir con estos estándares. Este reglamento también establece criterios de ecodiseño para la contratación pública y prohíbe directamente la destrucción de textiles y calzado no vendidos, mientras que la Comisión tendrá autoridad para expandir estas prohibiciones a otros productos en el futuro.

El correcto aprovechamiento de estas políticas europeas en España requiere una implementación adecuada, adaptada a la realidad local y en colaboración con el sector privado. Si bien España ya ha extendido las garantías legales y obliga a las marcas a facilitar la reparación, es crucial asegurar la armonización de estas políticas con otras normativas y su aplicación a nivel nacional.

Las instituciones españolas deben desempeñar un papel crucial en la difusión de estas normativas, trabajando estrechamente con empresas y ciudadanos para garantizar una comprensión y aceptación generalizadas. Esto implica proporcionar información clara y accesible sobre los derechos y responsabilidades relacionados con la reparabilidad de los productos, así como establecer mecanismos efectivos para facilitar el acceso a servicios de reparación.

El diálogo y la colaboración con el sector privado son fundamentales para impulsar la economía circular en España. Las empresas deben ser incentivadas a adoptar prácticas de producción y reparación sostenibles, y a colaborar con talleres de reparación y otras entidades del sector. Este enfoque colaborativo no solo beneficiará al medio ambiente, sino que también puede generar nuevas oportunidades económicas y de empleo en el país.