El Tratado de Alta Mar, oficialmente denominado Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), entró en vigor el 17 de enero de 2026 tras dos décadas de negociaciones. Este marco legal aborda, por primera vez, la gobernanza de vastas zonas oceánicas que representan casi la mitad de la superficie del planeta y más del 95 % del volumen de los océanos, hasta ahora sujetas a normas fragmentadas o inexistentes.

El tratado tiene un impacto directo en la sostenibilidad de los recursos marinos y la protección de servicios ecosistémicos esenciales como regulación climática, productividad biológica y seguridad alimentaria. Al permitir la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) en aguas internacionales, se establece una herramienta clave para avanzar hacia el objetivo global de proteger el 30 % de los océanos para 2030 —un paso crítico frente a las presiones de la pesca insostenible, la contaminación y la minería submarina.

El tratado introduce evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para actividades propuestas en alta mar, garantizando que la explotación de recursos no comprometa la integridad de ecosistemas frágiles antes de comenzar operaciones. Además, incluye mecanismos para el acceso y reparto de beneficios derivados de recursos genéticos marinos, con importancia creciente para la biotecnología y la investigación sostenible, y promueve transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades para países en desarrollo.

La Unión Europea y 16 de sus Estados miembros están entre los 81 ratificantes del acuerdo, mientras que 145 países han firmado el tratado, reflejando amplio respaldo internacional. El próximo reto técnico y político será la primera Conferencia de las Partes (COP), prevista dentro del primer año de vigencia, donde se debatirán los instrumentos específicos de implementación y seguimiento.

El impacto de este instrumento trasciende la conservación pura: ofrece un modelo de gobernanza oceánica multilateral, promoviendo la cooperación internacional para el uso sostenible de recursos marinos renovables. La coordinación entre organismos sectoriales y la consolidación de esta arquitectura legal aportarán coherencia frente a la fragmentación normativa actual.

En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, el Tratado de Alta Mar representa un avance significativo en la gestión de sistemas marinos globales, consolidando una base jurídica para proteger la salud de los océanos —crítica tanto para la sostenibilidad ambiental como para el bienestar humano en el largo plazo.