La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que enmiende la ley nacional que transpone la Directiva Europea sobre evaluaciones de impacto de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente o, de lo contrario, elevará el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). El Ejecutivo comunitario ha explicado que España “no ha reflejado correctamente la directiva en su legislación nacional” por no exigir un análisis de impacto para determinados proyectos que tienen “efectos potencialmente significativos” sobre el medio ambiente.

En concreto, se refiere a proyectos relacionados con instalaciones para la extracción, procesamiento y transformación de amianto, según ha explicado la Comisión Europea en un comunicado. Además, la legislación española también establece varios “umbrales de exclusión” que liberan a determinados proyectos de realizar un análisis de impacto a pesar de su “probable efecto medioambiental significativo”.

Por ello, la Comisión Europea ha enviado a España y a Eslovenia (con deficiencias similares) un dictamen motivado, el último paso en el marco de los procedimientos de infracción antes de llevar el caso al Tribunal de Justicia si ambos Estados miembros no han solucionado sus problemas en un plazo de dos meses. La directiva que España y Eslovenia no han trasladado de forma completa a su legislación busca garantizar que el impacto de proyectos públicos y privados en el medio ambiente es evaluado “antes de que sean autorizados”, así como que se identifican y abordan todos los efectos perjudiciales que puedan suponer.