El tribunal estima probado que esta persona, que actuó como representante legal de la empresa "Construcciones y Canalizaciones Mecanizadas S.L.", ejerció con fines lucrativos la actividad de recogida de escombros y residuos en una parcela del polígono Soto de la Aldovea sin autorización administrativa.

Entre septiembre de 2007 y diciembre de 2008, en el terreno, que tenía arrendado, se depositaban escombros, plásticos, madera, papel, cartón y tierra, entre otros materiales. Una inspección verificó la existencia de un depósito de combustible de 2.000 litros "vacío", varios bidones de aceite vacíos y manchas ennegrecidas aceitosas en el terreno, sin que se observaran materiales peligrosos.

La parcela, clasificada como suelo no urbanizable protegido, de interés agrícola, está situada en una zona de muy alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, tal y como señalaban los estudios del Instituto Geológico Minero de España.

En octubre de 2007 el procesado omitió la obligación de la Concejalía de Política Territorial del Ayuntamiento de San Fernando de Henares de cesar las actividades. En noviembre se ordenó el precinto, que el acusado rompio para continuar con las actividades, lo mismo que sucedió en junio de 2008.

Los magistrados estiman que quedó claramente probado que el acusado incurrió en un delito de desobediencia, tal como demuestran los distintos decretos, los testimonios de los agentes sobre la retirada de los precintos y el comportamiento del acusado frente a los requerimientos administrativos.

La resolución apunta también que la actividad desempeñada en la parcela no constituyó "un riesgo grave" para el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas. No queda probado que la actividad produjera una grave alteración de las condiciones de existencia y desarrollo de las personas, la vida animal, los bosques y los espacios naturales, ya que, para que se produzca el delito, es necesario que "el ataque sea grave", afirma el tribunal.