El Grupo de Ornitología Balear (Gob) ha presentado la pasada semana más de 200 alegaciones de particulares al acuerdo de modificación del contrato del Consell de Mallorca con TIRME que recoge la importación de residuos del continente para tratarlos en la planta incineradora de Son Reus.

El grupo ecologista apunta a las ya presentadas anteriormente tanto por éste como por otras entidades y personas. Así, apuntan que la administración balear ha olvidado que presta un servicio público, para atender a los habitantes de  Mallorca en cuanto a la gestión de los residuos generados en la isla, pero no para "cuadrar las cuentas de una empresa privada que nos obliga a pagar los costes de unas instalaciones sobredimensionadas que no necesitamos".

La modificación del contrato original para la incorporación del tratamiento de residuos importados no responde a ninguna razón de interés público que haya sido justificada debidamente, sostiene el Gob, para quien el único argumento político y técnico empleado es la posibilidad de rebajar la tarifa de incineración a los ciudadanos, algo que "ni siquiera está garantizado".