Una investigación estatal encuentra la gestión de residuos tóxicos en California lenta, desorganizada y mal planificada
Una cuarta parte de las 118 principales instalaciones de residuos peligrosos en California están operando con los permisos expirados que pueden no cumplir las normas vigentes, un ejemplo es el que descubrió el diario Los Angeles Times en una investigación que reveló una falta grave en el control y supervisión del Departamento de Sustancias Tóxicas del Estado.
El periódico examinó los informes de los departamentos de inspección, notas internas, expedientes judiciales y documentos de bomberos y departamentos de salud locales, así como los residentes entrevistados, los reguladores y los propietarios de negocios como parte de su investigación.
El DTSC, el departamento de la Agencia de Protección Ambiental de California da las licencias para 117 instalaciones para la gestión de residuos peligrosos. Regula cerca de 900 empresas registradas que lo transportan, supervisa la limpieza de unos 1.000 sitios de liberación de sustancias peligrosas y vela por el mantenimiento a largo plazo de alrededor de 200 sitios en los que se complete la limpieza.
La revisión encontró un problema sistemático con la aplicación de los reglamentos, incluyendo los casos de cientos de empresas que abandonaron los lugares contaminados, dejando a los contribuyentes a pagar por los costos de limpieza de residuos peligrosos. El DTSC constata que no se ha recaudado de las empresas implicadas los costos de limpieza desde 1987 hasta el año pasado, por valor de $ 140 millones.
Los ingresos por sanciones financieras también ha disminuido según el DTSC. Las empresas de California acordaron pagar multas por un total de $ 2450000 al año en promedio entre 2008 y 2012, aproximadamente la mitad de la media de los cinco años anteriores.
Los problemas se derivan de años de recortes de personal y el volumen de negocios a nivel de gestión, normas inconsistentes y la ejecución chapucera, según el diario Los Angeles Times.
El informe, impulsó a los legisladores de California a pedir una investigación penal. El senador estatal Kevin De León, quien preside el Comité de Asignaciones del Senado, envió una carta al director DTSC Debbie Raphael diciendo que había pedido a la Oficina de Supervisión y Resultados para investigar las acusaciones.
Vía: Environmental leader
Foto de Jeremy Brooks
Vía: Environmental leader
Foto de Jeremy Brooks