Treinta y nueve empresas más tres asociaciones sectoriales del sector de la gestión de residuos han sido multadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con 98,2 millones de euros.  La CNMC indica, refiriéndose desde el año 2000 al 2013 que "quedan acreditados múltiples contactos bilaterales entre las empresas del sector, desarrolladas en ámbitos geográficos y temporales distintos, todos referidos a clientes, condiciones contractuales y precios ofertados, así como a acuerdos y pactos de no agresión entre las empresas implicadas en los contactos”.  Las empresas multadas incluyen gestores de residuos tanto peligrosos como no peligrosos, recuperadoras de papel y cartón así como empresas dedicadas a actividades de saneamiento urbano como gestión de zonas verdes, tratamiento de aguas y limpieza.

Las cinco empresas más grandes sancionadas han anunciado que recurrirán ante los tribunales. Sobre estos grandes grupos  recaen tres cuartas partes de la multa, un equivalente al 3% del volumen de las ventas de cada entidad de 2000 a 2013. Dichas entidades son: Urbaser y Sertego (pertenecientes a ACS), FCC, Valoriza (perteneciente a Sacyr),  Cespa (Ferrovial) y Saica.

Estas empresas argumentan que se está confundiendo la Unión Temporal de Empresas (UTE) con la concertación y no procede sanción alguna ya que han transcurrido más de dieciocho meses desde la incoación del expediente, en julio de 2013, por tanto el expediente está caducado.  Estos argumentos coinciden con el voto particular discrepante de Fernando Torremocha, consejero del CNMC.

El expediente de la CNMC habla de reparto de clientes, intercambio de información comercialmente sensible, reparto de licitaciones publicas y uso de asociaciones sectoriales para implementar el reparto del mercado. Una vez desestimadas las alegaciones presentadas por las empresas la multa se determinó empleando criterios centrados en la infracción única y continuada a lo largo de más de una década, aunque con una participación no siempre de la misma intensidad. 

Según la CNMC una multa del 10% sería desproporcionada, porcentaje éste que se ha aplicado en infracciones muy graves con conductas continuadas. Sin embargo en este caso  “concurren circunstancias muy específicas que aconsejan reducir sustancialmente dicho porcentaje”". La multa se reduce al 3% del volumen de ventas. Trece firmas han superado el millón de euros de multa cada una.