El último dato oficial disponible para España (que aparece como estimado en Eurostat, la oficina estadística de la UE) sitúa la tasa de reciclaje y reutilización de los residuos municipales del país en el 34,7% en 2019, más de 15 puntos por debajo del objetivo fijado para 2020. Pero el problema no es solo esa gran distancia, sino la tendencia que se observa en los últimos años, como explica Carlos Arribas, miembro de Ecologistas en Acción, una de las ONG denunciantes. En 2017 la tasa estaba en el 36,1% y un año después cayó al 34,8%. Y en el 2019 se estancó en ese 34,7%.

La demanda, que se presentó el 5 de febrero, ya ha sido recibida en la Comisión Europea, que acaba de comunicar que inicia su estudio para determinar si abre un expediente contra España. A la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión ni mucho menos le resultará desconocido este caso. Porque Bruselas ya ha advertido al Gobierno de que no estaba en la senda para cumplir en dos ocasiones, en 2015 y en 2018. La última “alerta temprana” que elaboró la Comisión situaba a España entre la decena de “Estados miembros en riesgo de incumplir el objetivo para 2020″. El escrito es de 2018, pero partía de los datos de 2016: “El porcentaje de reciclado de residuos municipales (incluido el compostaje) notificado por España a Eurostat era del 30%, mientras que su tasa de vertido era del 57%”. 

Las organizaciones denunciantes han hecho referencia también a la ley de residuos que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica. El Consejo de Ministros aprobó en junio un primer anteproyecto que prevé, entre otras medidas, un impuesto sobre los envases plásticos. Sin embargo, estas ONG consideran que el texto que se está tramitando se queda corto y puede ser una oportunidad perdida para mejorar las tasas de reciclaje, que durante esta década deberán crecer todavía más, según las nuevas obligaciones fijadas por Bruselas.