Vecinos, ecologistas y partidos polítcos llevan a Bruselas la situación de la planta de residuos de Foncalent
Vecinos, asociaciones ecologistas y partidos políticos de izquierdas presentarán el próximo martes 4 de diciembre un total de más de 1.500 quejas ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (Bruselas) en relación a la planta de residuos de Foncalent, en Alicante. Una instalación que, según los denunciantes, incumple la Ley de Residuos Sólidos, ya que no recicla la basura, está sobresaturada y constituye un riesgo para la salud. Su objetivo es que una comisión de eurodiputados visite las instalaciones y emita un dictamen sobre su situación.
La Generalitat ya impuso una multa en agosto a esta planta, que explota la empresa Inusa participada por el empresario Enrique Ortiz, por no reciclar las basuras, y admitió que incumple el control de lixiviados, un líquido contaminante procedente de la descomposición de la materia orgánica presente en las basuras. No obstante, el pasado verano, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cambió de criterio y autorizó la llegada de 140.000 toneladas anuales del sur de Valencia, a cambio de recibir unos ingresos de 6,8 millones el Ayuntamiento de Alicante. La planta se diseñó para tratar solo 155.000 de toneladas al año, aunque han llegado a entrar 300.000 toneladas anuales.
Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción apunta que se trata de un negocio a costa de los vecinos y el medio ambiente y calcula en un 75% los residuos sin reciclar. Por su parte, Vicente Aracil, de las Asociaciones de las Partidas Rurales de Alicante, recordó que la planta, además de la saturación y la ausencia de reciclaje, presenta un serio problema de lixiviados, que son “altamente tóxicos”.
Miguel Ibáñez, de la plataforma Salvem Foncalent, afirmó que hasta la planta llegan camiones procedentes de Murcia y de Albacete a pesar de que la alcaldesa aseguró que no vendrían residuos de afuera.
Arribas recordó que el Plan Zonal de residuos planteaba como solución transitoria debido a la saturación de las plantas de Valencia la recepción de basura en Xixona y El Campello, pero ahora “todos esos residuos llegan a Alicante, con lo que se incumple el principio de proximidad”.
La Generalitat ya impuso una multa en agosto a esta planta, que explota la empresa Inusa participada por el empresario Enrique Ortiz, por no reciclar las basuras, y admitió que incumple el control de lixiviados, un líquido contaminante procedente de la descomposición de la materia orgánica presente en las basuras. No obstante, el pasado verano, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cambió de criterio y autorizó la llegada de 140.000 toneladas anuales del sur de Valencia, a cambio de recibir unos ingresos de 6,8 millones el Ayuntamiento de Alicante. La planta se diseñó para tratar solo 155.000 de toneladas al año, aunque han llegado a entrar 300.000 toneladas anuales.
Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción apunta que se trata de un negocio a costa de los vecinos y el medio ambiente y calcula en un 75% los residuos sin reciclar. Por su parte, Vicente Aracil, de las Asociaciones de las Partidas Rurales de Alicante, recordó que la planta, además de la saturación y la ausencia de reciclaje, presenta un serio problema de lixiviados, que son “altamente tóxicos”.
Miguel Ibáñez, de la plataforma Salvem Foncalent, afirmó que hasta la planta llegan camiones procedentes de Murcia y de Albacete a pesar de que la alcaldesa aseguró que no vendrían residuos de afuera.
Arribas recordó que el Plan Zonal de residuos planteaba como solución transitoria debido a la saturación de las plantas de Valencia la recepción de basura en Xixona y El Campello, pero ahora “todos esos residuos llegan a Alicante, con lo que se incumple el principio de proximidad”.
Vía El País
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Alicante