El nuevo año arranca con el enésimo episodio de contaminación acuática en el contraembalse situado junto a la localidad de Aznalcóllar, producto de las filtraciones de metales pesados provenientes de las antiguas escombreras mineras y cuyos efectos más inmediatos son la muerte de peces de forma masiva.

Frente a esta lamentable situación ambiental, la CHG ha anunciado la ampliación de este embalse utilizando las mismas escombreras origen del problema como muros de contención, algo a lo que esta organización se opone por el riesgo cierto de futuras filtraciones tóxicas así como por el uso de grandes inversiones de dinero público cuyo destino sería abastecer de agua a fincas de riego privadas y en buena parte ilegales.

Desde Ecologistas en Acción no entendemos que la CHG asuma este proyecto cuando incumple la obligación de ejecutar distintas sentencias firmes del Tribunal Supremo que ordenan el cierre de pozos ilegales en las Fincas de Hato Ratón y Hato Blanco en Aznalcázar así como al cobro de las cuantiosas sanciones interpuestas a estas fincas, valoradas en más de un millón de euros.

Es rocambolesco que la CHG premie a los infractores construyéndoles caras infraestructuras con el dinero de todos para que así dejen de extraer ilegalmente agua del maltrecho acuífero de Doñana mientras pasan los años sin que la propia Confederación hidrográfica les haya obliguado a abonar las multas.

En la misma línea, Ecologistas en Acción también rechaza de plano el anuncio por parte de la Junta de Andalucía de reabrir la mina de Aznalcóllar. Tanto la ampliación del embalse como la reapertura minera tendrán efectos perjudiciales sobre la calidad de las aguas que vierten sobre Doñana y el LIC del Corredor verde del Guadiamar.

Se pone de manifiesto la total descoordinación entre Junta y Ministerio a la hora de trabajar en torno a un espacio, el entorno minero de Aznalcóllar, en el que comparten competencias y que les obliga a entenderse.

Ecologistas en Acción exige que se acuerde que la prioridad de actuación en Aznalcóllar sea la restauración ambiental completa de la zona y por tanto las actuaciones que se vayan a pagar con dinero público se deben a este objetivo y no a favorecer intereses privados como son en este caso regadíos ilegales y multinacionales mineras expertas en la práctica del coge el dinero y corre.

Antes de hablar de abrir la mina u ofertar más agua hay que solucionar de una forma definitiva las fuentes contaminantes que generan los episodios de mortandad y la contaminación del acuífero. Hay que sellar la corta vieja, hay que eliminar las escombreras e inertizar residuos muy peligrosos que aún andan desparramados por la zona. Lo demás son parches que obligarán a una inversión pública continua que no evitará los vertidos y la contaminación, tal como viene ocurriendo desde el cierre de la mina.