A principios de este año, el estado de Vermont ha pasado a formar parte de un selecto grupo de 24 estados norteamericanos que han instaurado leyes prohibiendo el depósito en vertedero de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs). 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) calcula que sólo los Estados Unidos generan cerca de 2 millones de toneladas anuales de residuos electrónicos en los que hay materiales áltamente tóxicos como plomo, mercurio o cadmio. El depósito de los RAEE en vertederos puede causar que estas sustancias se filtren al medio ambiente en forma de lixiviados, afectando directamente a la salud pública y poniendo en peligro el medio natural. 

En los estados sin leyes al respecto, los consumidores tienen que gestionar sus dispositivos obsoletos por su cuenta. Generalmente suelen pagar un canon por depositarlos en tiendas de informática sin tener claro cual será el destino final de su basura electrónica.

Las leyes de los estados tienen distintos niveles de severidad. La del estado de Vermont, que entró en vigor el sábado, exige al ciudadano que la basura electrónica se separe de forma explícita de la doméstica (residuos sólidos urbanos, envases, etc.). Desde el 1 de enero se prohibió la eliminación en vertedero de una larga lista de dispositivos electrónicos, mientras que a partir del 1 de julio, una lista mucho más corta de aparatos será gestionada mediante un programa de reciclaje gratuito para los consumidores y pagado directamente por los fabricantes. La mayoría de los estados exigen a los fabricantes de electrónica que paguen los programas de reciclaje asegurando que se ejecuten correctamente y, paralelamente, evitando la tentación de que el consumidor se deshaga del RAEE de forma ilegal para evitar un coste a mayores.

"La ley de Vermont se está aprovechando de la experiencia adquirida en otros estados", dijo Scott Cassel, director ejecutivo del Product Stewardship Institute, una entidad sin ánimo de lucro con sede en Boston que hace una década comenzó a promover leyes que obligan a los fabricantes de electrónica a pagar por el reciclaje final de sus propios productos. 

Las empresas, a sabiendas de que son responsables de cuidar sus productos al final de la vida útil, "tienen ahora un incentivo para que sus componentes tengan menos materiales peligrosos y metales pesados, facilitando de forma directa a su reciclado", dice Clare Inness, coordinadora de marketing de Vermont’s Chittenden Solid Waste District, entidad local que abarca un distrito con más de 150.000 habitantes.

Para Walter Alcorn, vicepresidente de la asociación de fabricantes de electrónica de consumo (CEA), la apuesta de la industria por el reciclaje es clara. La principal preocupación de los fabricantes es la falta de uniformidad entre las leyes estatales. "Hay todo un mosaico de reglamentos en este tema", afirma Alcorn, "Esto provoca que el cumplimiento de las leyes sea todo un desafío, minando, en general, la eficiencia del sistema".

Los grupos ecologistas han señalado en los últimos años que gran parte de los residuos de los Estados Unidos son enviados sin garantías de ningún tipo al extranjero, frecuentemente a países en vías de desarrollo o con legislaciones ambientales incipientes, desmantelándose de formas potencialmente contaminantes para los trabajadores y para el medio ambiente.