La Abogacía del Estado ha trasladado ante la Audiencia Nacional (AN) que los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la limpieza de los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), que ha propuesto como prueba Ecologistas en Acción son "confidenciales". Por tanto, no pueden ser aportados al procedimiento contencioso-administrativo impulsado para que se obligue a la ejecución del plan de rehabilitación aprobado por el Gobierno.

Aunque la Audiencia Nacional sí ha requerido al regulador atómico para que remita el informe de la Dirección Técnica de Protección Radiológica que aprobó en julio de 2015 y que evaluaba los niveles de intervención para la restauración de los terrenos afectados por el accidente registrado en 1966, ha rechazado pedir otros documentos que Ecologistas en Acción considera "fundamentales" para la causa.  Por este motivo, el colectivo ecologista ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la Audiencia Nacional en el que interesa que se libre oficio para que el CSN remita los citados documentos, en concreto copia completa del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en mayo de 2010, el informe del departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.

Ecologistas en Acción argumenta ante la Audiencia Nacional que el anexo del acta de la reunión del CSN acreditaría que los niveles de intervención acordados "sobrepasan el nivel legal establecido" y que el informe del Departamento de Energía de EEUU habría motivado "la modificación de los criterios radiológicos acordados previamente en el Plan de Rehabilitación de mayo de 2010 y que dichos criterios rebasan los límites para la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes" al contrario de lo que ocurre con el citado plan.

La necesidad de que se aporte el Plan de Rehabilitación reside, según remarcan desde el colectivo, en que se trata de una prueba "fundamental" para acreditar que si bien este preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, el aprobado por el CSN en julio de 2015 "únicamente prevé limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada. Por la Abogacía del Estado se alega que el Plan de Rehabilitación ha sido declarado confidencial pero no se acredita ni la fecha, ni los motivos, ni la autoridad que lo ha decretado, lo que no se entiende cuando es un plan de limpieza de una población que no afecta ni a la seguridad ni a la defensa nacionales", subraya Ecologistas en Acción. 

Por último, el colectivo pide a la Audiencia Nacional que indague, no solo en los motivos de la confidencialidad, sino también en la fecha "pues si es posterior al inicio del presente procedimiento podría ser una estrategia procesal para privar a esta parte de una documental esencial".