El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, convocó el pasado mes de julio un pleno extraordinario para aprobar los pliegos y avanzar en la licitación, con el objetivo de que la adjudicación pudiese estar concluida antes de finalizar el año. Sin embargo, la entrada de un informe del departamento de Intervención poco antes de iniciarse este pleno, tras más de medio año sin pronunciarse sobre el expediente, obligó a suspender la sesión y a paralizar de nuevo el procedimiento de contratación, que sigue bloqueado hasta la fecha. 

Como ya se explicó entonces, entre los reparos que recogía dicho informe, el técnico alertaba de que la nueva contrata, cuyo coste superará los 330 millones en un periodo de 15 años, podía poner en peligro la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Consistorio, al prever un notable aumento en los costes del servicio pero sin especificar las fórmulas con las que se pretende elevar los ingresos o reducir los gastos.

Y, en el peor de los casos, cifraba ni más ni menos que en 130 millones de euros el desajuste que se podría llegar a producir a lo largo de los 15 años en los que estaría previsto prolongar el servicio. Igualmente, el funcionario reprochaba a los redactores de los pliegos que no habrían hecho los deberes, al no haber incorporado un anexo concretando las medidas para obtener estos ingresos extra, entre los que mencionaba, inevitablemente, un incremento de la tasa de basura, que ahora asciende a 112,74 euros por vivienda, «para su completa financiación».

Además, el técnico destacaba también otros aspectos del pliego, como los 15 años de duración prevista y que no deberían exceder de los 8 o 10 años; la construcción de una base logística; la falta de un anteproyecto de explotación; la composición de la mesa de contratación o los criterios de adjudicación, entre otras cuestiones, aspectos que, a su juicio, beneficiarían a la actual empresa sobre el resto de licitadores. 

Pese a la contundencia de sus afirmaciones, fuentes municipales respondieron que todo lo que mantenía el informe de Intervención ya se había apuntado en otros informes previos de este mismo departamento y que se trataba de afirmaciones que ya habrían sido resueltas o contestadas por otros técnicos, como el secretario municipal o los responsables del órgano gestor del contrato, del que forman parte también técnicos de las áreas de Ingeniería o Contratación, por lo que consideraban que el mismo no venía más que a buscar una nueva paralización del expediente. Sin embargo, desde entonces, ni se ha vuelto a convocar el pleno ni se han producido avances. 

Y mientras los técnicos se ponen de acuerdo en los aspectos de los pliegos sobre los que disientes, en lo que todo el mundo coincide es en la necesidad de una nueva contrata que ponga remedio, de una vez, a las deficiencias que presenta actualmente el servicio. No en vano, la falta de operarios, la antigüedad de muchos vehículos y la necesidad de actualizar los requisitos para la empresa hacen que las calles de Benidorm amanezcan cada día más sucias, con basura sin recoger, que no haya baldeos con la frecuencia necesaria o que nuevos parques y medio centenar de viales de nueva construcción no estén incluidos en la contrata, por lo que no tienen asignados servicios ordinarios y se limpian únicamente de manera ocasional. 

El Ayuntamiento ha reconocido en multitud de ocasiones que los trabajadores de FCC hacen «a diario enormes esfuerzos» para sacar adelante el servicio, pero insisten en que el mismo está "desfasado" y es "incapaz de dar respuesta" a las necesidades reales de la ciudad, por lo que urge una nueva contratación.

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