La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha pedido en el Congreso de los Diputados que se amplíen los periodos de garantías de los productos, así como la prohibición de la obsolescencia programada y se favorezca su reutilización, a través de una proposición no de ley, para su debate en la Comisión de Industria de la Cámara Baja. 

En ella instan al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para que en la nueva normativa sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos se recojan este tipo de "medidas efectivas". "Priorizar la reducción de estos, la reparación de los dispositivos eléctricos y electrónicos y la prohibición de la obsolescencia programada, tal y como ha sucedido en Francia recientemente, deberían ser, al menos, medidas a tener en cuenta", plantea. 

Así, la formación de izquierdas reclama que haya una financiación garantizada para la preparación de aparatos para la reutilización, en coherencia con la Responsabilidad Ampliada del Productor, además de que se produzca un control férreo por parte de las Administraciones públicas del destino de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para su tratamiento final. 

PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE Y A LAS PERSONAS

Igualmente, solicitan que exista un impulso a las empresas sociales para la reparación, reutilización y reciclaje de residuos, ya que, según recuerda IU-ICV-CHA, la nueva Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) debe implantarse a lo largo de este año en España.

Distintas organizaciones de la sociedad civil han enviado sus alegaciones con el fin de incluir en la normativa pertinente medidas adecuadas para proteger el medio ambiente y las personas.

Según sostiene, la situación actual en la gestión de residuos electrónicos es "insostenible"; y la escasa recogida de este tipo de residuos a través de los canales adecuados y el "gran descontrol" en el destino final de los mismos hacen necesario poner en marcha sistemas más eficientes para su tratamiento. 

De hecho, explica que los materiales con los que se fabrican estos aparatos son en su mayoría escasos y valiosos, por lo que la falta de reparación, reutilización y reciclaje provoca un despilfarro de recursos naturales. 

Pero a su vez, advierte de que son "muy contaminantes", lo que conlleva impactos "muy graves" tanto en las zonas donde se extraen los materiales como en aquellas donde se depositan sus residuos. 

"España ya cuenta con redes de reparación y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos, gran parte gestionadas por empresas sociales, que aportan un valor añadido a las mejoras ambientales evidentes", agrega. 

Actualmente indica que la red de recuperadores vinculada a la economía social da empleo a 1.746 personas en España, con un 47,5% de empleos de inserción de personas en riesgo o exclusión social. Si se gestionase más cantidad de material, se estima llegar a los 3.583 empleos. En toda Europa la red de recuperadores sociales emplea a 40.000 trabajadores.

"A pesar de la proliferación de estas nuevas alternativas es indispensable el apoyo institucional y legislativo que asegure la reutilización a través de objetivos vinculantes entre fabricantes y distribuidores", defiende la Izquierda Plural. 

La reutilización junto con el desmontaje manual son el escenario con mayor potencial de generación de empleo, según se recoge en el estudio publicado por el Gremi de Recuperació de Cataluña, que estima en más de 4.700 los empleos directos que podrían generarse.

 Por otro lado fuentes del sector de la gestión de RAEE señalan que podrían crearse más de 9.000 puestos de trabajo directos si se realizara el tratamiento legalmente establecido. 

"Una gestión sostenible de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no sólo beneficiará a la ciudadanía española, sino a las poblaciones de países empobrecidos; gran parte de las materias primas que se utilizan provienen de otros países y en su extracción provocan problemas sociales y ambientales, como contaminación de agua y aire, desplazamiento de comunidades y violación de los derechos humanos", concluye.