El Ayuntamiento de Málaga da un paso esencial e indispensable para empezar a cobrar el año que viene a los malagueños por tratar y recoger la basura. A la espera de que se concrete el calendario exacto, el Consistorio ha activado este viernes una consulta pública para elaborar las ordenanzas que regularán las nuevas prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Aunque con pocos detalles aún, como el montante económico que tendrán que sufragar los vecinos y los negocios, lo que sí se sabe es que habrá dos modalidades diferenciadas: una para viviendas y otra para actividades económicas. Al mismo tiempo, desde la Casona del Parque han informado de que también se inicia el trámite para la elaboración de la ordenanza administrativa reguladora de la prestación de dichos servicios.

Con este paso se da en cumplimiento de la Ley de Residuos 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que obliga a repercutir el coste real de la gestión de los residuos, cuya aplicación ha sido pospuesta en la ciudad hasta 2025, último año posible, por decisión del equipo de Gobierno.

Esta ley obliga a los ayuntamientos a que en el plazo de tres años, a contar desde la entrada en vigor de esta ley, apliquen una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria "específica, diferenciada y no deficitaria", que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos. Esto incluye la vigilancia de las operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía.

[Este contenido procede de El Español. Lee el original aquí]