García ha explicado que a la llegada de su partido a la Junta la sociedad pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha tenía una deuda de 200 millones de euros con proveedores y de 300 millones con bancos. Además, también un gran número de infraestructuras puestas en funcionamiento no se podían sostener con esa deuda, por lo que la Consejería, junto con el Ministerio de Agricultura, estudia fórmulas de colaboración público-privada.

Así ha señalado que contaba con tener el análisis antes de finalizar el año y ha planteado la posibilidad de reducir costes mediante la adjudicación a una misma empresa de la explotación de varios sistemas de depuración, además de contar con el capital privado para la construcción de las estaciones depuradoras.

García apunta que "se trata de hacer grandes sistemas, agrupando sistemas de depuración, para conseguir que las sinergias, la mayor eficiencia permita hacer esas obras". Además, la responsable del departamento opina que hay mucho que hacer en la Comunidad en cuestión de depuración.