El dictamen que forma parte del expediente –que está firmado por la concejal de Contractació, el secretario general del consistorio y la Cap de Contractació– fue avalado por ERC, Junts per Tarragona, CUP y En Comú Podem, mientras que PSC, PP y Ciutadans se abstuvieron. De cara al pleno de este viernes está garantizado que se repetirán los votos a favor, por lo que la multa, que es la de mayor cuantía que ha impuesto nunca el Ayuntamiento, será ratificada por la mayoría absoluta del Saló de Plens.

Los hechos se remontan a un informe de 130 páginas elaborado el pasado mes de marzo por los técnicos municipales con el apoyo de la Guàrdia Urbana. En el trabajo se pone de relieve que durante las noches del 19, 25 y 26 de febrero, «se recogieron y vaciaron los contenedores de envases (los amarillos) del Serrallo con un camión de recogida de fracción resto (gris)» y que, posteriormente, «se abocó el contenido de los contenedores de envases en la planta de incineración de Sirusa». Esta circunstancia, según se alerta en el documento, «es un incumplimiento muy grave del contrato por una incorrecta valorización de los residuos».

En el informe se recalca que el seguimiento de los vehículos «ha sido verificado» por los agentes de la Policía Local, que han «ejercido como fedatarios de que no se han manipulado los datos del GPS» de los camiones. De hecho, el documento relata cronológicamente todos los movimientos de los camiones que realizaron el mal servicio las noches del 19, el 25 y el 26 de febrero.

El análisis, realizado por los técnicos de la Plaça de la Font, recalca que «la presunta infracción que se detalla se ha detectado en tres días diferentes de febrero, pero no se puede descartar que se haya estado repitiendo más días de los supervisados», recordando que en el año 2019 ya se acordaron sanciones a la empresa de entre 60.101 y 145.747 euros, también, por varias infracciones «graves y muy graves». Asimismo, el documento asegura que «la mala práctica» de la empresa «evidencia el perjuicio y la falta de respeto hacia los ciudadanos y actividades económicas del Serrallo por el esfuerzo que están haciendo para separar los residuos de envases y depositarlos en el contenedor amarillo», con el añadido de que en el barrio marítimo «se ha implementado el sistema de contenedores cerrados para la fracción resto y orgánica».

Paralelamente, el informe detalla que la acción de FCC «es un perjuicio para el medioambiente, ya que se están depositando envases que son valorizables», a la vez que daña «los resultados de recogida selectiva de Tarragona», que están, en un 38%, por debajo de los objetivos».

En su escrito de alegaciones del 17 de abril, la empresa asume «de forma clara» el incumplimiento de la recogida y aporta, además, una carta firmada por el encargado del servicio, que asume la responsabilidad y que ha sido sancionado por parte de la compañía, que pedía al Ayuntamiento el archivo de las actuaciones y que los hechos se consideraran una infracción «grave o leve», con una sanción de 1.208 euros. «La empresa no es responsable de la conducta de un operario que ha reconocido los hechos. La única forma de ser partícipes de la infracción sería si se hubiera ordenado la comisión, pero ha quedado acreditado que ha sido lo contrario porque el trabajador actuó de forma autónoma, movido por el interés personal consciente de que no estaba realizando su trabajo de forma correcta y sin consultar o informar a ningún responsable o superior», indica FCC en las alegaciones presentadas, en las que lamenta la «desproporción» de la sanción propuesta.

Tras estudiar la enmienda a la totalidad de FCC, los técnicos municipales proponen rechazarla y mantener los 250.000 euros de sanción, principalmente por tres razones: «La empresa asume que ha cometido la infracción mediante un escrito del encargado del contrato»; «la responsabilidad de la infracción, según la concesión, es propia de la compañía»; y recalca que «no se puede rebajar el importe por los perjuicios que tiene para el servicio de recogida».

En la contestación de la alegación, el consistorio recuerda que, anualmente, gasta más de 400.000 euros en campañas de sensibilización y gestión ambiental «para concienciar a la ciudadanía para mejorar los resultados de la recogida selectiva», a la vez que destinó otros 388.592 euros para la implementación de los contenedores cerrados contratando a agentes cívicos durante seis meses. De estos 788.000 euros, el Ayuntamiento repercute casi 75.000 en El Serrallo, que es el barrio donde se detectaron las irregularidades en la recogida de los contenedores.