La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada presuntamente al tráfico ilegal de gases refrigerantes y a la manipulación clandestina de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en una vivienda de Torrevieja (Alicante). El principal acusado llegó a obtener 23.000 euros en tres meses de vender en chatarrerías varias piezas de aparatos de aire acondicionados manipulados retirados por instaladores (también implicados).

El 4 de noviembre, el supuesto responsable fue investigado por presuntos delitos contra el medioambiente, gestión ilícita de residuos peligrosos, tráfico ilegal de gases refrigerantes y vulneración de los derechos laborales y de la seguridad en el trabajo.

Los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número cuatro de Torrevieja y de la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante. Asimismo, se ha informado al Ayuntamiento de Torrevieja sobre estas actividades ilícitas.

Así lo ha informado el instituto armado en un comunicado, en el que ha detallado que la operación se inició en agosto de 2024, cuando la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Guardamar del Segura (Alicante) recibió un anónimo en el que se alertaba de actividades ilegales relacionadas con este tipo de residuos, con potencial para contaminar el medioambiente y afectar gravemente a la salud.

En una primera fase, se identificó al principal sospechoso, un hombre de 44 años y de nacionalidad rumana, con antecedentes por delitos similares. Esta persona se encargaba de recibir aparatos de aire acondicionado retirados por instaladores, quienes en lugar de entregarlos a gestores autorizados se los proporcionaban a cambio de 20 euros por unidad.

Posteriormente, el investigado fragmentaba esos aparatos sin medidas de seguridad en el patio de su vivienda, para lo que utilizaba herramientas como radiales, con el fin de vender sus partes metálicas como chatarra en centros de reciclaje. Asimismo, las pesquisas permitieron detectar a cuatro instaladores implicados, de los que tres ejercían la actividad de manera ilegal. Durante la operación se identificó a un trabajador empleado por el investigado de forma irregular, sin contrato ni permiso de trabajo, quien realizaba tareas peligrosas sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que ponía en riesgo su salud y la de su entorno.

Por otro lado, los instaladores implicados se enfrentan a expedientes sancionadores por no gestionar los aparatos según la normativa vigente. La Guardia Civil ha comunicado estos hechos a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Durante las investigaciones, la Guardia Civil contó con el apoyo del Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Valencia.

La Guardia Civil recuerda la importancia de cumplir con las normativas de gestión de residuos y alerta sobre los riesgos asociados a la manipulación no autorizada de materiales tóxicos.

[Este contenido procede de Europa Press. Lee el original aquí]