El documento argumenta que el Plan no respeta la normativa actual e "impone" la incineración de residuos frente a la prevención y la reducción de los mismos puesto que este sistema "supondría el método de gestión para el 50 % de los residuos sólidos urbanos de Navarra". Además, sostienen que el contenido en su totalidad está supeditado a la quema de residuos como tratamiento de los mismos. Por ello, los colectivos firmantes, afirman que el Plan "se posiciona en contra de las prioridades de la legislación, que hace una apuesta firme y concreta por la prevención, la preparación para la reutilización y la recogida selectiva integral, antes que por la incineración".

Aseguran además que esta opción se ha adoptado "sin un adecuado estudio de las implicaciones económicas de la implantación de la planta incineradora y del costo de su gestión, y sin una definición de la ubicación de la misma", a mayores de que la definición plasmada en el Plan, es "escasa para una evaluación clara de su factibilidad", y se puede determinar que la planta incineradora "constituiría una mera planta de eliminación de residuos, y no de valorización".

Se trata, según la Fundación y la Mancomunidad, de una "mera declaración de intenciones del Gobierno de Navarra" pero "no se puede considerar un instrumento de ordenación territorial al no contener las especificaciones requeridas por la ley" y "carecer de pronunciamientos válidos sobre su vinculación, rango, duración y vigencia, por lo que las determinaciones que establece son absolutamente vacías y carentes de contenido material".

El Gobierno de Navarra acordó aprobar este Plan el 27 de diciembre de 2010 tras un proceso de exposición pública que se prolongó de mayo a noviembre. Los demandantes aseguran que fue un período poco útil para mejorar el contenido puesto que éste ya estaba definido de antemano y casi no se reflejaron aportaciones de la ciudadanía.