Tal y como ha indicado la entidad ecologista, se trata de dos depósitos incontrolados de residuos de uralita en la Hacienda Rosales, de propiedad municipal y donde el anterior Gobierno local proyectó la creación de la nueva casa consistorial, y de un "polvero abandonado" junto a la ribera del arroyo Porzuna, en las inmediaciones del parque periurbano homónimo.

En ninguno de los casos existe "señal o aviso alguno de su riesgo" pese a que la uralita está contemplada en la legislación sobre residuos tóxicos "por su contenido en amianto" y necesita un tratamiento adecuado a las normas rigurosas relacionadas con el potencial cancerígeno y la fácil absorción de las moléculas de amianto en suspensión.