El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen las normas necesarias para restringir la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE).

El objetivo de esta norma es limitar la utilización de sustancias peligrosas en los AEE de forma que una vez sean residuos se proteja más adecuadamente la salud humana y el medio ambiente, y se facilite la valorización y eliminación correcta desde el punto de vista medioambiental.

Los aparatos eléctricos y electrónicos a menudo contienen numerosas piezas y componentes fabricados con materiales de diferente naturaleza. Básicamente se trata de metales (férreos y no férreos), plásticos, vidrios y otros materiales (como madera, caucho, cartón, etc).

Además de estos materiales, los AEE contienen sustancias que deben gestionarse y tratarse adecuadamente para no dañar el medio ambiente y la salud humana.

Por otra parte, los materiales que componen estos aparatos eléctricos y electrónicos son recursos valiosos que deben aprovecharse cuando se transformen en residuos mediante el reciclado o su valorización. Una recuperación efectiva de estos metales o materiales es esencial para que puedan ser utilizados en la fabricación de nuevos AEE, evitando así el consumo de nuevos recursos.

Con esta norma, el Gobierno también transpone la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en AEE.

Entre las principales novedades que introduce el Real Decreto, destacan la ampliación del ámbito de los aparatos sometidos a las restricciones de utilización de sustancias peligrosas, así como la adaptación del régimen jurídico de los aparatos eléctricos y electrónicos al progreso científico y técnico.

Esta normativa, propuesta por los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Industria, Energía y Turismo, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha contado con el informe favorable del Consejo de Estado, y en su elaboración han sido consultadas las Comunidades Autónomas y los sectores afectados.