El Pleno del Senado ha aprobó el pasado 22 de diciembre los proyectos de ley para la cesión definitiva de la gestión del impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos a seis comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia).  Estos seis proyectos de ley, que se han debatido y votado por separado en el Senado, han contado con el apoyo de 249 senadores, frente al único rechazo de Vox y la abstención de Bildu.

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las comunidades autónomas acordaron el pasado mes de julio impulsar la cesión del impuesto sobre depósito de residuos en vertedero (que entra en vigor el 1 de enero de 2023) pero con la idea de que los territorios lo puedan ir asumiendo "con flexibilidad" y se haga a demanda de las propias regiones.

Según recordó entonces la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, algunas comunidades autónomas tenían impuestos en sus territorios muy parecidos al se pretende poner marcha en el conjunto del país. "Algunas tienen prisa por asumirlo porque tenían uno muy parecido en su territorio y otras han manifestado que no constituye una prioridad en este momento", explicó la ministra.

La norma dicta que se haga posible que las comunidades asuman competencias de gestión y de carácter normativo en torno a este impuesto, que responde al afán de la Unión Europea por profundizar en las cuestiones que tienen que ver con la transición ecológica y la fiscalidad medioambiental.

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