Indureco, filial del grupo catalán Hera Holding, había intentado la pasada década sin éxito la implantación de un vertedero de residuos industriales en Dueñas, Cevico de la Torre, Palenzuela y Vertavillo. Cuenta con otra planta similar añadida a la ahora anulada, donde pretendía el tratamiento de hasta 115.000 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos, tal y como apuntaba la organización ecologista.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, ha estimado la demanda de Ecologistas en Acción «al haberse omitido en el presente caso el preceptivo informe de la Confederación sobre el vertido de las aguas residuales de la planta al colector municipal de Venta de Baños, que «al tener una especial incidencia para la calidad del medio receptor», el río Pisuerga aguas arriba de Valladolid necesita un informe previo favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Esta es la tercera infraestructura para el tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos declarada ilegal en Castilla y León en los últimos meses, tras la anulación judicial por el TSJ de la planta físico-química de la empresa catalana Distiller en Ólvega (Soria), y la incineradora de otra filial del grupo catalán Hera Holding en Carrión de los Condes, con una capacidad de tratamiento conjunta de 190.000 toneladas al año.

Ecologistas en Acción afirma que en los tres casos se pensaba en importar residuos de otras comunidades. Además, apuntan que se evidencia el desastre de la política de residuos de las anteriores autoridades ambientales, y por ello reclama al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silvá, «que se desmarque de las prácticas ilegales» de sus antecesores en el cargo y reúna con urgencia al Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León para informar sobre la redacción de un nuevo Plan Regional de Residuos.

También estos dís se conocía la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por el TSJ contra la Ley 2/2008, de 17 de junio, de Declaración de Proyecto Regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno de la Ribera (Zamora).

El órgano colegiado estima acreditado que el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León buscó con esta Ley eludir la suspensión judicial de este vertedero ordenada en 2007, lesionando arbitrariamente el derecho a la tutela judicial efectiva, la legislación básica del Estado sobre medio ambiente y el derecho a la participación, en beneficio exclusivo de la empresa Urbaser, S.A., división medioambiental de la constructora ACS, que ya obtuvo este trato de favor de las Cortes de Castilla y León en su vertedero de residuos industriales tóxicos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), en 2002, según Ecologistas en Acción.