El Ejecutivo comunitario reclamó al Tribunal de Justicia de la UE que declarara que España incumplía sus obligaciones en virtud de las normas europeas en 30 vertederos, en 27 de los casos por no haberlos cerrado lo antes posible dado que no disponían de autorización para continuar con sus actividades.

Se trata de nueve vertederos de residuos no peligrosos en Almería,  Huesca, Murcia y Guipúzcoa y de otros 18 vertederos de residuos inertes, en concreto de Cádiz, Jaén y Córdoba.

También debían haberse cerrados siete vertederos de residuos inertes de la provincia de Sevilla y uno de Huelva.

En el caso de los otros tres vertederos (uno en País Vasco y dos en Canarias), incumplen la normativa europea al no haber garantizado que la entidad explotadora elaborara y ejecutara un plan de acondicionamiento dentro del plazo de ocho años desde la entrada en vigor de la normativa. 

El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado en su sentencia de este jueves el incumplimiento de España de las normas comunitarias en estos tres vertederos al dictaminar que España no ha demostrado que las obras necesarias para ajustarlos a la Directiva se realizaran antes del 25 de marzo de 2013, el plazo límite para ello, ni tampoco que las obras necesarias en los otros 27 vertederos problemáticos se hayan ejecutados dentro del plazo, dado que las obras de sellado y cierre no se ejecutaron antes del mismo y España tampoco ha justificado los motivos para incumplir los plazos.

En todos los casos las obras de sellado y cierre debían ejecutarse en 2013.

El Ejecutivo comunitario denunció en 2009 el incumplimiento de la normativa en 123 vertederos en total, aunque retiró posteriormente del procedimiento de infracción a 45 vertederos, bien porque ya no se consideraba como existentes o porque habían sido autorizados y acondicionados de arreglo con la normativa comunitaria.